(Libertad Digital) En un comunicado hecho público, el CEP ha criticado las palabras del fiscal general del Estado, Cándido Conde Púmpido en una conferencia en la acusó a la Policía de no colaborar en sus peticiones sobre las listas electorales del entorno etarra. Dijo además que sólo puede contar con los informes de la Guardia Civil por que la Policía Nacional sólo atiende al juez Garzón.
A juicio de la Confederación Española de Policía, Conde Pumpido "ha incurrido en una deslealtad de consecuencias imprevisibles al acusar públicamente a nuestro Cuerpo de no responder a las peticiones informativas cursadas por sus fiscales". En este sentido, agregan que los servicios de Información del Cuerpo responden a los requerimientos efectuados por los titulares de los Juzgados Centrales de Instrucción "por ser precisamente ellos quienes asumen la dirección de cualquier investigación contra la banda terrorista ETA".
Por ello, el sindicato policial se ha mostrado muy molesto por el marco en el que se han producido las declaraciones del fiscal general. "Ha suficientes cauces para exponer cualquier problema que pueda plantear en esta materia y que el hecho de desvelar esta supuesta laxitud en el auxilio a la Fiscalía en un foro ajeno al judicial sólo contribuye a generar alarma social y presiones a la labor de los compañeros destinados en la Comisaría General de Información", dice la nota.
De este modo, el CEP no ha ahorrado críticas a la actuación en su cargo al fiscal general y aseguran que "el señor Conde Pumpido, que en su día se hizo famoso por manifestar durante una comparecencia en el Senado que “el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el polvo del camino” y que la Justicia “no está para obstaculizar los procesos políticos”, en relación con los supuestos contactos mantenidos con la banda terrorista ETA durante el último alto el fuego, debería encauzar sus quejas a través de los mecanismos previstos en la legislación".
Según informa EFE, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) indica en otra nota que, ante una acusación tan grave, el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba "no puede permanecer ni un minuto más en silencio" y tiene que dar las explicaciones oportunas, a lo que añade que el fiscal general debe rectificar de inmediato o "ser cesado en su puesto por irresponsable".
También el SUP afirma que el fiscal general "esta mintiendo" y "poniendo en entredicho la profesionalidad de todo el Cuerpo Nacional de Policía", y asegura que los informes elaborados por los servicios de información relativos a la ilegalización de ANV fueron entregados al juez instructor del caso de la Audiencia Nacional, por orden suya. "La Fiscalía sólo tenía que solicitárselos al juez instructor, cosa que desconocemos si hizo", explica el SUP, que además considera que "si existen problemas entre jueces y fiscales" deben resolverlos entre ellos sin implicar a la Policía, que se limita a cumplir las órdenes del juez.