La CEP ha afirmado que la descoordinación de los jueces es el origen de la fuga de la etarra, ya que afirman que "el magistrado de guardia debe interpretar en cuestión de minutos hechos de complejidad y gravedad extremos que sólo conoce en profundidad el titular de la investigación" y así no es posible llevar a cabo medidas las preventivas correctas.
Por ello, la Confederación ha reclamado "la mejora y puesta en marcha de medidas efectivas de coordinación, humanas o tecnológicas, en el seno de este órgano judicial", basándose en el ejemplo de Aranalde que "con sólo veinte años protagonizó el primero de los episodios de huida, uno de los ejemplos más claros en cuanto a la necesidad de aplicar medidas preventivas que garanticen que sea juzgada".
También han cuestionado la fianza impuesta, dado que "La existencia de un precedente, su condena en Francia mediante sentencia de 16 de junio de 2008 y su historial delictivo merecían algo más que una ridícula fianza de 12.000 euros"
La Confederación de Policía considera que había argumentos más que suficientes ordenar el ingreso preventivo e incondicional en prisión de la etarra, y que "El mismo juez que instruye su caso, Baltasar Garzón, era perfectamente consciente de esta necesidad".
En cualquier caso, han reafirmado su voluntad de detener de nuevo a Aranalde, a la que ha lanzado un mensaje claro "por mucho que se esconda, sabe que allí donde encuentre refugio, sea en España o Francia, terminará siendo detenida y respondiendo ante la Justicia española por su militancia en la banda asesina"