L D (Europa Press) El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Antonio García Casquero, asiste el lunes al juzgado de Belfast al que presumiblemente acudirá a declarar el etarra Iñaki de Juana Chaos para pedir ante la justicia de este país la extradición del terrorista a España "lo antes posible". Según señala la AVT en un comunicado, el tribunal de Irlanda del Norte "tiene que escuchar la voz de las víctimas de este asesino, la voz de las víctimas del terrorismo de España". La Asociación de Víctimas de Irlanda (FAIR) ya ha anunciado su presencia en los juzgados para respaldar la petición de García Casquero.
De todos modos, la AVT subraya "que no es esta asociación quien tiene que traer a Iñaki de Juana Chaos a España a cumplir con la justicia, sino que es responsabilidad directa del Gobierno español conseguir que De Juana no se burle una vez más de todos".
Asimismo, la AVT denuncia "la ayuda que ha estado y está teniendo De Juana Chaos por parte del IRA para burlarse de la Justicia española", lo que es "una muestra clara de que, mientras los sistemas judiciales de diferentes países democráticos parecen obstaculizarse entre sí, los grupos terroristas perfeccionan día a día su grado de colaboración internacional".
"Ningún terrorista en ningún lugar del mundo tiene que tener amparo", lamenta. "Solicitamos con contundencia que los organismos competentes aceleren y promuevan las acciones concretas orientadas a prevenir y reaccionar inmediatamente frente a la burla de la Justicia por parte de los terroristas, sean del país que sean y estén donde estén", concluye la AVT.
Trato de favor a presos etarras
Por otro lado, el portavoz del PP vasco Leopoldo Barreda realizó estas declaraciones después de que El Mundo haya hecho público que la UPV ha remitido al Juzgado de Guecho documentación que demuestra, por primera vez de manera oficial, que aprobó con una nota de "notable" a dos miembros de ETA deportados en la República Dominicana, uno de los cuales sería la dirigente de la banda Belén González Peñalva.
El dirigente popular recordó que su partido "lleva casi una década trabajando sobre ese tema y tratando de aportar luz en esta materia". En concreto, recordó que ha pretendido que se esclareciera esta cuestión en el Parlamento vasco "en las dos últimas legislaturas, siempre con la negativa rotunda del tripartito, del Departamento de Educación y de los partidos que lo apoyan, a reconocer los hechos".
También destacó "la negativa rotunda" del Rectorado de la Universidad del País Vasco (UPV) a colaborar. "A principios de la legislatura que termina ahora, pedimos una comisión de investigación sobre esta tema, sobre los favores recibidos por los etarras en sus calificaciones o en sus expedientes académicos, que afectaba a algunas de las personas que ahora se reconoce que han recibido esos favores", subrayó en declaraciones a Europa Pres.
Asimismo, manifestó que este pasado verano el PP pidió, para que informara sobre esta materia, la comparecencia del rector de la UPV, Juan Ignacio Pérez, solicitud que les fue denegada. "Y en la única comparecencia que se ha producido en esta legislatura del rector para hablar de estos temas, también negó que los hechos fueran los que ahora estamos viendo", señaló.
Leopoldo Barreda subrayó que el pasado mes de octubre interpeló al lehendakari, "en relación con los beneficios que los etarras vienen obteniendo de las actitudes de este Gobierno e incluía, de nuevo, el tema de la UPV y, en su respuesta, Ibarretxe negó contundente y rotundamente que haya existido ningún privilegio a los presos de ETA en relación con sus calificaciones universitarias".
"Echar tierra sobre el asunto"
"Por lo tanto, el informe remitido a la Fiscalía desmiente, uno por uno, a las personas y partidos que han pretendido echar tierra sobre este asunto. Y eso es lo grave porque aquí hay evidentes responsabilidades políticas por parte de quienes se han negado, en todo momento, a investigar de cara a saber la verdad", subrayó. En esta línea, señaló que, "aparte de las responsabilidades académicas que pueda haber o del propio Rectorado, aquí ha habido una deliberada voluntad de enterrar políticamente este asunto, de echar tierra sobre este asunto para evitar que se conociera cuál era el fondo".
Aparte de las responsabilidades penales "u otras" que puedan producirse, el portavoz del PP vasco preguntó "¿quién va a asumir la responsabilidad política por estos hechos?". "¿De qué forma, el Gobierno vasco se propone asumir esas responsabilidad políticas, quién va a presentar su dimisión como responsable de estas circunstancias o de haber impedido la investigación. Es el mínimo que se puede exigir del Gobierno vasco en este momento", manifestó.