L D (EFE) Tanto la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valencia como la de Murcia y la de Asturias no se dan por enteradas de la solictud que dirigió la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Fundación para la Defensa de la Nación Española, el Foro de Ermua y Rosas Blancas para la Dignidad para celebrar concentraciones en homenaje a Miguel Ángel Blanco.
Alegan que no tienen "no comunicadas" las solicitudes y que por eso motivo ni siquiera pueden prohibirlas. "Lo que se ha hecho es ajustarse al procedimiento, como se ajusta cualquier organización", indicó el delegado del Gobieno en la Comunidad Valenciana, Antonio Bernabé, quien añadió que "todo el mundo tiene derecho a manifestarse" y afirmó que no se ha prohibido el acto en Alicante.
Bernabé alegó que el derecho a manifestarse "es un derecho constitucional" en el que existen "unos procedimientos de comunicación para que se tomen las medidas necesarias por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de quien se manifiesta y de las zonas que se pueden ver afectadas en cuanto a tráfico y a cualquier cuestión que tenga que ver con la seguridad". En este sentido, subrayó que existen "unos plazos establecidos" para presentar la solicitud y explicó que lo ocurrido en el caso de Alicante es que "se ha presentado fuera de plazo". "Lo único que ocurre cuando se presenta fuera de plazo es que se comunica que esa solicitud está fuera de plazo" y, por tanto, dijo, la administración "no puede asumir ninguna responsabilidad sobre lo que ocurra en esa manifestación si se produce".
Los argumentos esgrimidos por la Delegación de Gobierno de Asturias y Murcia son similares. No han prohibido la concentración porque no tiene una comunicación previa. Sostienen que la solicitud se presentó sin guardar el plazo que marca la ley. "Lo que no podemos hacer es asumir responsabilidades porque no se ha permitido poder establecer todos los mecanismos para que todo ocurra con normalidad", han advertido desde el Gobierno central.