(Libertad Digital) En declaraciones a este periódico, el presidente de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Fernando Carrillo, ha recordado que el archivo de diligencias por parte del fiscal jefe de Asturias, Gerardo Herrero, sobre la actuación de los mandos de la Policía y Guardia Civil en la trama asturiana del 11-M no tiene nada que ver con la exigencia de que se depuren las responsabilidades profesionales de los implicados.
"Si creemos en el sistema debemos creer en la actuación del fiscal jefe", señaló el presidente de la AUGC, que recordó que "el archivo de las diligencias no dice que no hubieran responsabilidades profesionales. Nosotros seguimos manteniendo la petición de cese tanto del General Pedro Laguna como la del teniente coronel Rodríguez Bolinaga". "¿Vamos a dejar que estos señores puedan coordinar nueve comandancias si no pudieron coordinar dos?", se preguntó Carillo, que advirtió de que no van "a permitir que algunos intenten que se haga tabla rasa con este archivo". El general Laguna fue responsable de la comandancia de Oviedo y Gijón hasta que fue ascendido y asumió las comandancias de Castilla y León. Por ello, la Asociación de Guardias Civiles sigue exigiendo "la depuración de las responsabilidades profesionales".
Carrillo ha dejado clara la postura de la AUGC: "Nos alegramos mucho de que no haya responsabilidades penales, pero las responsabilidades profesionales siguen ahí. Hubo negligencia y dejación de funciones y eso quedó demostrado en la comisión de investigación del 11-M".
"Si creemos en el sistema debemos creer en la actuación del fiscal jefe", señaló el presidente de la AUGC, que recordó que "el archivo de las diligencias no dice que no hubieran responsabilidades profesionales. Nosotros seguimos manteniendo la petición de cese tanto del General Pedro Laguna como la del teniente coronel Rodríguez Bolinaga". "¿Vamos a dejar que estos señores puedan coordinar nueve comandancias si no pudieron coordinar dos?", se preguntó Carillo, que advirtió de que no van "a permitir que algunos intenten que se haga tabla rasa con este archivo". El general Laguna fue responsable de la comandancia de Oviedo y Gijón hasta que fue ascendido y asumió las comandancias de Castilla y León. Por ello, la Asociación de Guardias Civiles sigue exigiendo "la depuración de las responsabilidades profesionales". La Fiscalía no ve delito en la actuación de las Fuerzas de Seguridad
El fiscal jefe de Asturias, Gerardo Herrero, ha decidido archivar provisionalmente las diligencias sobre la actuación de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al no encontrar, según él, responsabilidad penal por obstrucción a la Justicia en la investigación sobre la trama que facilitó los explosivos empleados en los atentados del 11-M.
Herrero compareció ante los medios de comunicación para informar sobre las conclusiones de las diligencias que ha practicado en relación con la investigación en Asturias de la trama que facilitó los explosivos, y la supuesta responsabilidad de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en la investigación de estos hechos. Dicha investigación, que se abrió a propuesta de la Fiscalía Antidroga de Asturias, está separada del sumario del 11-M, porque únicamente se ha centrado en delimitar presuntos delitos que podrían ser obstrucción a la Justicia, a raíz del descubrimiento de una cinta (hallada en el cuartel de Cancienes por un agente de este puesto, David Robles). En dicha cinta, Francisco Javier Villazón Lavandera alertaba en 2001 de que José Emilio Suárez Trashorras y su cuñado, Antonio Toro, imputados en relación con la trama de los atentados del 11-M, manejaban grandes cantidades de explosivos y buscaban a alguien que supiese fabricar bombas activadas por medio de teléfonos móviles.
Herrero compareció ante los medios de comunicación para informar sobre las conclusiones de las diligencias que ha practicado en relación con la investigación en Asturias de la trama que facilitó los explosivos, y la supuesta responsabilidad de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en la investigación de estos hechos. Dicha investigación, que se abrió a propuesta de la Fiscalía Antidroga de Asturias, está separada del sumario del 11-M, porque únicamente se ha centrado en delimitar presuntos delitos que podrían ser obstrucción a la Justicia, a raíz del descubrimiento de una cinta (hallada en el cuartel de Cancienes por un agente de este puesto, David Robles). En dicha cinta, Francisco Javier Villazón Lavandera alertaba en 2001 de que José Emilio Suárez Trashorras y su cuñado, Antonio Toro, imputados en relación con la trama de los atentados del 11-M, manejaban grandes cantidades de explosivos y buscaban a alguien que supiese fabricar bombas activadas por medio de teléfonos móviles.
Bolinaga sólo escuchó "parcialmente" la cinta
Esta grabación fue hecha por el agente Jesús Campillo, que posteriormente la transcribió y la adjuntó a un informe. La cinta llegó finalmente al teniente coronel José Antonio Rodríguez Bolinaga, entonces jefe de la Comandancia de Gijón, que la guardó en la caja fuerte de su despacho tras escucharla "parcialmente", según él, y fue cesado de su cargo semanas después, en noviembre de 2004, por no poner dicha prueba a disposición de la autoridad judicial. El fiscal considera suficiente la explicación de Bolinaga que dijo que guardó la cinta "sin haberla escuchado en su totalidad".
La investigación abierta por Herrero concluye que a ninguno de los mandos y agentes de la Guardia Civil implicados en el devenir de la cinta se les puede achacar responsabilidad penal alguna, si bien el fiscal jefe precisó que no le corresponde a él determinar supuestas negligencias en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que son otras instancias, ajenas a las judiciales, las que deben hacerlo. El fiscal jefe de Asturias reconoce que la investigación se ha alargado más de los previsto debido a las contradicciones en las que incurrieron muchos de ellos por lo que ha sido necesario practicar varios careos.
Lavandera declaró que decidió trasladar su denuncia a la Guardia Civil tras no tener eco en la Policía Nacional (en la comisaría de Manuel Rodríguez, Manolón), y aseguró que identificó a Suárez Trashorras por una fotografía, extremo éste que niega la Policía y que la Fiscalía considera "no probado". También declaró que avisó en numerosas ocasiones a la Guardia Civil de la presencia de Suárez Trashorras en dicho local, que supuestamente utilizaba para contactar con clientes a los que ofrecía explosivos.
Esta grabación fue hecha por el agente Jesús Campillo, que posteriormente la transcribió y la adjuntó a un informe. La cinta llegó finalmente al teniente coronel José Antonio Rodríguez Bolinaga, entonces jefe de la Comandancia de Gijón, que la guardó en la caja fuerte de su despacho tras escucharla "parcialmente", según él, y fue cesado de su cargo semanas después, en noviembre de 2004, por no poner dicha prueba a disposición de la autoridad judicial. El fiscal considera suficiente la explicación de Bolinaga que dijo que guardó la cinta "sin haberla escuchado en su totalidad".
La investigación abierta por Herrero concluye que a ninguno de los mandos y agentes de la Guardia Civil implicados en el devenir de la cinta se les puede achacar responsabilidad penal alguna, si bien el fiscal jefe precisó que no le corresponde a él determinar supuestas negligencias en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que son otras instancias, ajenas a las judiciales, las que deben hacerlo. El fiscal jefe de Asturias reconoce que la investigación se ha alargado más de los previsto debido a las contradicciones en las que incurrieron muchos de ellos por lo que ha sido necesario practicar varios careos.
Lavandera declaró que decidió trasladar su denuncia a la Guardia Civil tras no tener eco en la Policía Nacional (en la comisaría de Manuel Rodríguez, Manolón), y aseguró que identificó a Suárez Trashorras por una fotografía, extremo éste que niega la Policía y que la Fiscalía considera "no probado". También declaró que avisó en numerosas ocasiones a la Guardia Civil de la presencia de Suárez Trashorras en dicho local, que supuestamente utilizaba para contactar con clientes a los que ofrecía explosivos.
En casa de los padres de Toro
La Fiscalía entiende que la operación sobre el tráfico de explosivos, que se denominó "Serpiente", pasó por periodos "durmientes" pero que en todo momento permaneció abierta. El fiscal jefe también anunció que la investigación exculpa al jefe de estupefacientes de la Comisaría de Avilés, Manuel García Rodríguez, que mantenía continua relación con Emilio Suárez Trashorras, y al que la Guardia Civil de Oviedo advirtió de que éste podría estar relacionado con al tráfico de explosivos. Además, considera justificado que la Policía no registrara el domicilia de Antonio Toro porque "vivía en casa de sus padres" y era "poco probable" que el imputado por el 11-M guardara los explosivos allí.
Este mando policial declaró que las relaciones que mantenía con Trashorrras eran las propias entre un confidente y un policía y que las aportaciones siempre se centraron en el tráfico de drogas. Herrero manifestó que en ninguna de las actuaciones examinadas de responsables policiales o de la Guardia Civil se puede acreditar la intencionalidad necesaria para convertir en delito la falta de celo en la persecución de una actividad delictiva. No obstante, recalcó que las diligencias se archivan con carácter provisional y que éstas se retomarán si se aportan nuevas pruebas que así lo aconsejen.
La Fiscalía entiende que la operación sobre el tráfico de explosivos, que se denominó "Serpiente", pasó por periodos "durmientes" pero que en todo momento permaneció abierta. El fiscal jefe también anunció que la investigación exculpa al jefe de estupefacientes de la Comisaría de Avilés, Manuel García Rodríguez, que mantenía continua relación con Emilio Suárez Trashorras, y al que la Guardia Civil de Oviedo advirtió de que éste podría estar relacionado con al tráfico de explosivos. Además, considera justificado que la Policía no registrara el domicilia de Antonio Toro porque "vivía en casa de sus padres" y era "poco probable" que el imputado por el 11-M guardara los explosivos allí.Este mando policial declaró que las relaciones que mantenía con Trashorrras eran las propias entre un confidente y un policía y que las aportaciones siempre se centraron en el tráfico de drogas. Herrero manifestó que en ninguna de las actuaciones examinadas de responsables policiales o de la Guardia Civil se puede acreditar la intencionalidad necesaria para convertir en delito la falta de celo en la persecución de una actividad delictiva. No obstante, recalcó que las diligencias se archivan con carácter provisional y que éstas se retomarán si se aportan nuevas pruebas que así lo aconsejen.
El delegado del Gobierno: "Es una buena noticia. Me alegro por Bolinaga"
Tras conocer las conclusiones del informe del fiscal Herrero, el delegado del Gobierno, Antonio Trevín, declaró al diario gijonés El Comercio que "el archivo de las diligencias es una buena noticia para el sistema y también para la Guardia Civil asturiana". Trevín reconoció su entusiasmo por la noticia: "Me alegro por Bolinaga. De cara a la opinión pública su imagen ha quedado fuera de toda duda". No obstante, añadió que "hay que distinguir el plano judicial del político. Su destitución se debió a la falta de confianza de quien le nombró".
Preguntado por El Comercio sobre los expedientes disciplinarios abiertos en el Ministerio del Interior contra los oficiales de la Benemérita Antonio Rodríguez Bolinaga y Carlos Montero Rodríguez, el delegado del Gobierno respondió que, "sin poder prejuzgar el resultado, porque no los instruimos nosotros, sabemos por otros casos similares que es muy importante la resolución judicial".