L D (EFE) Así lo acuerda la Sala en un auto en el que estima los recursos interpuestos por la Asociación de Familiares de Víctimas del Yakolev y la asociación Politeya contra la decisión de la juez Teresa Palacios de archivar las denuncias que presentaron en relación a estos hechos.
El tribunal precisa que la investigación debe ceñirse a "la responsabilidad penal en que hayan podido incurrir determinadas personas de nacionalidad española antes y después" del siniestro "por supuesta dejación de sus obligaciones en el control de la contratación y modo de transporte de los militares españoles" y también si las certificaciones de defunción emitidas por los generales de división médico pudieran constituir delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación.
El tribunal precisa que la investigación debe ceñirse a "la responsabilidad penal en que hayan podido incurrir determinadas personas de nacionalidad española antes y después" del siniestro "por supuesta dejación de sus obligaciones en el control de la contratación y modo de transporte de los militares españoles" y también si las certificaciones de defunción emitidas por los generales de división médico pudieran constituir delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación.
Giro en la Fiscalía tras la orden de Conde Pumpido
En la vista celebrada el pasado lunes para examinar las distintas alegaciones, el fiscal Pedro Rubira se adhirió también a los recursos de las dos acusaciones por orden expresa del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, lo que supuso un cambio de criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en relación a estos hechos, ya que hasta entonces había sido contraria a que este tribunal investigara las denuncias presentadas tras el accidente.
Los magistrados de la sección cuarta —Fernando Bermúdez de la Fuente (presidente y ponente de la resolución), Félix Alfonso Guevara y Carlos Ollero— destacan en el auto que no comparten "totalmente" el punto de vista de la juez para decretar el archivo de las denuncias porque, entre otros aspectos, se limitó "al examen de la competencia sin examinar si han acaecido o no las irregularidades denunciadas".
Para declarar la competencia de la Audiencia Nacional en la investigación de estos hechos, la Sala invoca el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que atribuye la competencia de este tribunal para conocer "de los delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles".
Para declarar la competencia de la Audiencia Nacional en la investigación de estos hechos, la Sala invoca el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que atribuye la competencia de este tribunal para conocer "de los delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles".