LD (EFE) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de apelación que se refiere, en concreto, al inicio de la tramitación administrativa de las obras del trasvase desde el Bajo Ebro (Tarragona) a Barcelona y a la zona de Levante, plasmado en el "pliego de bases para la contratación de la asistencia técnica para la elaboración de estudios ambientales".
La Audiencia Nacional afirma que "la procedencia de los recursos hídricos, que se sitúa en Aragón, no comporta que dicha Comunidad ostente interés legítimo para impugnar los estudios o las obras que se realicen fuera de los términos territoriales de su Comunidad". El recurso de apelación fue presentado por el Gobierno de Aragón después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declarara la "inadmisibilidad" del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el gobierno autonómico contra el pliego que pone en marcha esta actuación, por considerar "falta de legitimación activa" del recurrente.
La sentencia reconoce que el interés de Aragón está "en si se realizan o no transferencias de recursos hídricos y en qué cantidad a otras Comunidades", pero considera que "una vez acordada esta transferencia de caudales" por ley, "la contratación administrativa sobre los estudios y las obras necesarias para hacer efectiva esa transferencia de recursos que se van a realizar fuera de Aragón no afecta a dicha Comunidad Autónoma.
La Audiencia Nacional afirma que "la procedencia de los recursos hídricos, que se sitúa en Aragón, no comporta que dicha Comunidad ostente interés legítimo para impugnar los estudios o las obras que se realicen fuera de los términos territoriales de su Comunidad". El recurso de apelación fue presentado por el Gobierno de Aragón después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declarara la "inadmisibilidad" del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el gobierno autonómico contra el pliego que pone en marcha esta actuación, por considerar "falta de legitimación activa" del recurrente.
La sentencia reconoce que el interés de Aragón está "en si se realizan o no transferencias de recursos hídricos y en qué cantidad a otras Comunidades", pero considera que "una vez acordada esta transferencia de caudales" por ley, "la contratación administrativa sobre los estudios y las obras necesarias para hacer efectiva esa transferencia de recursos que se van a realizar fuera de Aragón no afecta a dicha Comunidad Autónoma.