La Audiencia Nacional rebaja las penas para seis terroristas callejeros por un cambio de criterio de la Fiscalía

El fiscal Ignacio Gordillo pedía, en su escrito de conclusiones provisionales, 96 años de cárcel para Eñaut Garmendia, 80 para Aritz Sudupe, 64 para Ibon Aranalde y Jon Otegui, 48 para Josu Ozaita y Garikoitz Ibarlucea, 32 para Mikel Ozaita y 16 años para Goar Jiménez. Durante el juicio que se celebró este lunes en la Audiencia, el fiscal solicitó para cada uno de ellos dos años de prisión, menos para Goar Jiménez, para quien finalmente pidió sólo un año de prisión, puesto que consideró que tan sólo participó en uno de los hechos.

Consideró que no había quedado acreditado que los hechos supusieran peligro para la vida de las personas, ni probado que los acusados se taparan la cara con pasamontañas durante estos actos, por lo que eliminó el agravante de disfraz. El acusado Garikoitz Ibarlucea se encuentra en rebeldía, por lo que no fue juzgado.

Los ataques de los imputados

Entre las acciones por las que se les juzgaba, se encuentran el lanzamiento de artefactos incendiarios y piedras a la vivienda de dos concejales del PSOE en Ibarra (Guipúzcoa) en septiembre de 1999, y en 2000 cócteles molotov a la sede del "Diario Vasco" de Tolosa y a la estación de Renfe de esta localidad, así como al batzoki del PNV en Zizurkil.

Además, en enero de 2001 intentaron destruir la sede de la Tesorería de la Seguridad Social de Tolosa y en noviembre de ese mismo año causaron desperfectos en el vehículo de un trabajador de la Consejería vasca de Interior y en el de otras personas que estaban estacionados en la mima calle en Ibarra. También figura el lanzamiento de artefactos incendiarios contra la oficina de correos de la localidad de Alegría y contra un autobús urbano en Tolosa, ambas acciones ocurridas en enero y mayo de 2002, respectivamente.

Precedentes de otros acuerdos

Se trata del tercer juicio en la Audiencia Nacional, en los últimos nueve días, en el que acusados y fiscal han llegado a un acuerdo con las penas en casos por violencia callejera. El 1 octubre un acusado de lanzar un cóctel molotov contra una sucursal bancaria en Barcelona, en abril de 2002, aceptó ser condenado a un año de cárcel tras reconocer su implicación en los hechos, en un juicio en el que la fiscal solicitaba, en un principio, un año y seis meses de cárcel.

Además, el día 4 un acusado quedó en libertad y otro aceptó ser condenado a tres multas de 1.060 euros por delitos de coacción, después de que el fiscal cambiara su petición inicial de siete y once años de cárcel, respectivamente, por estragos terroristas cometidos entre 2001 y 2002 en San Sebastián.