L D (EFE) En un auto notificado este jueves, la magistrada recuerda que la Audiencia Nacional es competente para investigar los delitos cometidos por españoles en el extranjero, pero afirma que las irregularidades atribuidas al Ministerio de Defensa español "vienen residenciadas en España", por lo que este Tribunal no es competente.
Sobre la presunta responsabilidad de la tripulación, señala que "estaba integrada por ciudadanos ucranianos que no ostentaban la nacionalidad española", lo que "hace igualmente inviable la jurisdicción a la que se ha acudido".
Teresa Palacios expresa este razonamiento diciendo que "ha de rechazarse el pretendido acceso a este órgano judicial" toda vez que las irregularidades "que señalan a responsables del ministerio de Defensa español vienen residenciadas en España y por ende (es) ajena su investigación (...) a esta sede judicial". El auto, en cualquier caso, no entra a considerar "que hayan acaecido o no las irregularidades (...) y que éstas, en su caso, hayan sido determinantes o contribuido al lamentable resultado del accidente aéreo ocurrido en Turquía el pasado día 26 de mayo".
Respecto a la presunta responsabilidad "por alcoholemia de la tripulación", la juez dice que "como quiera que estaba integrada por ciudadanos ucranianos que no ostentaban la nacionalidad española, hace igualmente inviable la jurisdicción a la que se ha acudido". La denuncia de los familiares de los fallecidos fue interpuesta en la Audiencia Nacional el pasado 31 de octubre, y en ella se atribuían a Defensa irregularidades en la contratación del medio de transporte, así como el incumplimiento de las normas sobre las investigaciones e informes técnicos sobre el accidente.
La juez incoó diligencias sobre este asunto el pasado 4 de noviembre y, al día siguiente, la Fiscalía le solicitó que rechazara la competencia y decretara el archivo de las mismas al estimar que "de todo el contenido de la denuncia no se pueden deducir indicios que permitan imputar una responsabilidad penal a ciudadano español alguno". El informe del ministerio público, cuyos argumentos han sido acogidos por la magistrada, aseguraba asimismo que "el accidente está siendo investigado por las autoridades turcas".
La Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42, que interpuso la denuncia, tiene ahora cinco días para recurrir la resolución de la juez ante la propia magistrada y, en caso de que ese recurso sea rechazado, todavía podrá apelar ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.