L D (EFE) Este caso ha llegado a la Audiencia debido a la "celeridad" con la que los cadáveres fueron trasladados a territorio nacional, según fuentes jurídicas.
En Irak no se certificó formalmente su fallecimiento y las defunciones no se inscribieron en el registro de la Embajada de España en Bagdad, como es preceptivo.
Según fuentes jurídicas de la Audiencia Nacional, esas son las razones por las que el Hospital Central de la Defensa, donde se habían realizado las autopsias, comunicó el lunes por fax al Juzgado de Guardia que había siete cadáveres en sus instalaciones y solicitó su "legalización para enterramiento". El juez que recibió el fax fue Fernando Andréu, cuyo juzgado, el número 4 de instrucción de la Audiencia, era el que estaba de guardia ese día.
Según fuentes jurídicas de la Audiencia Nacional, esas son las razones por las que el Hospital Central de la Defensa, donde se habían realizado las autopsias, comunicó el lunes por fax al Juzgado de Guardia que había siete cadáveres en sus instalaciones y solicitó su "legalización para enterramiento". El juez que recibió el fax fue Fernando Andréu, cuyo juzgado, el número 4 de instrucción de la Audiencia, era el que estaba de guardia ese día.
Andréu asume la investigación
La legislación española establece como preceptiva la incoación de diligencias previas en los casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, por lo que el magistrado envió a la médico forense adscrita a su Juzgado al centro hospitalario para que examinara las causas de los fallecimientos antes de autorizar la disposición de los cuerpos y la inscripción de las defunciones.
El juez también ha solicitado al hospital los resultados oficiales de las necropsias practicadas y, en los próximos días, citará a los médicos que las realizaron para que –una vez que sean investidos por el magistrado como peritos– se ratifiquen en sus conclusiones. Para completar la investigación sobre los hechos, el juez también pedirá un informe a las autoridades militares españolas en Irak y no se descarta citar al agente del CNI que sobrevivió al atentado para que declare como testigo.
Discrepancias sobre el artículo a aplicar
Según informaron fuentes cercanas al juzgado de Fernando Andréu, el artículo 23.3.g de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que "conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, según la Ley penal española, como (...) atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles".
Según informaron fuentes cercanas al juzgado de Fernando Andréu, el artículo 23.3.g de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que "conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, según la Ley penal española, como (...) atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles".
Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional –a cuyo frente está Eduardo Fungairiño– ofrecía otra versión, al justificar la competencia de este tribunal en el artículo 23.4.b de la LOPJ, que dice que "igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la Ley penal española, como (...) terrorismo".
Más contradicciones entre el juzgado y la fiscalía
No es esta la única contradicción entre las fuentes consultadas, ya que mientras el fiscal jefe, Eduardo Fungairiño, afirmó que el ministerio público ha informado a favor de asumir la competencia en este caso, desde el Juzgado se aseguraba que el juez no ha solicitado todavía ningún dictamen al ministerio público, aunque se admitía que éste "tiene conocimiento" de las diligencias.
Las discrepancias continúan a la hora de aventurar lo que sucedería con la causa si las autoridades judiciales iraquíes abren una investigación sobre lo sucedido el pasado sábado, ya que la Fiscalía dice que en ese caso la investigación española "será archivada", mientras que en el Juzgado señalan que ambos procedimientos "se pueden llevar paralelamente".
Estas últimas fuentes justificaron su opinión diciendo que "si los autores son detenidos en Irak, evidentemente no nos los van a entregar. Pero, si fueran arrestados en otro país, España solicitaría su extradición y, si también la pidieran los iraquíes, serían las autoridades de ese país las que tendrían que decidir cuál de los dos Estados debe juzgarles".