L D (EFE) Fuentes jurídicas han precisado que el expediente será instruido por el presidente de la sección séptima de la sala de lo contencioso-administrativo de este tribunal, José Luis López Muñiz. Este magistrado, que además es el más antiguo de esta sala, será el encargado de proponer si el asunto debe archivarse o qué sanción se le impone a Garzón, que puede ir desde una advertencia hasta una multa de un máximo de 300 euros.
La sala de gobierno ha adoptado esta decisión a instancias del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el pasado 18 de diciembre remitió esta propuesta a la Audiencia Nacional ya que, al tratarse de una falta leve, la competencia para decidir al respecto no le correspondía al órgano de gobierno de los jueces.
El CGPJ acordó el pasado octubre abrir una investigación tras recibir una queja contra Garzón del sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, que acusaba al juez de negligencia ya que había dejado en libertad por error a los dos presuntos narcotraficantes turcos el pasado julio, al prorrogar fuera de plazo legal su prisión preventiva.
La Inspección del CGPJ reclamó que se abriera expediente disciplinario al juez por la posible comisión de una falta leve del artículo 419.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) referido al incumplimiento injustificado de los plazos establecidos para dictar resolución pero la comisión disciplinaria lo remitió a la Audiencia Nacional.
El servicio de inspección del Poder Judicial señalaba en su propuesta, que ahora hace suya la sala de gobierno, que todo juez está obligado a adoptar una "extrema diligencia en el cómputo del tiempo de prisión, máxime cuando esta privación es de carácter provisional, ya que se ha privado a un ciudadano de un derecho fundamental".
Concluía así que si esa forma de actuar hubiese sido la que se hubiese llevado a cabo no se habría mantenido el citado error, aunque considera que debe tenerse en cuenta "la ausencia de intencionalidad en la conducta" y "el que no haya existido perjuicio alguno".
La sala de gobierno ha adoptado esta decisión a instancias del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el pasado 18 de diciembre remitió esta propuesta a la Audiencia Nacional ya que, al tratarse de una falta leve, la competencia para decidir al respecto no le correspondía al órgano de gobierno de los jueces.
El CGPJ acordó el pasado octubre abrir una investigación tras recibir una queja contra Garzón del sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, que acusaba al juez de negligencia ya que había dejado en libertad por error a los dos presuntos narcotraficantes turcos el pasado julio, al prorrogar fuera de plazo legal su prisión preventiva.
La Inspección del CGPJ reclamó que se abriera expediente disciplinario al juez por la posible comisión de una falta leve del artículo 419.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) referido al incumplimiento injustificado de los plazos establecidos para dictar resolución pero la comisión disciplinaria lo remitió a la Audiencia Nacional.
El servicio de inspección del Poder Judicial señalaba en su propuesta, que ahora hace suya la sala de gobierno, que todo juez está obligado a adoptar una "extrema diligencia en el cómputo del tiempo de prisión, máxime cuando esta privación es de carácter provisional, ya que se ha privado a un ciudadano de un derecho fundamental".
Concluía así que si esa forma de actuar hubiese sido la que se hubiese llevado a cabo no se habría mantenido el citado error, aunque considera que debe tenerse en cuenta "la ausencia de intencionalidad en la conducta" y "el que no haya existido perjuicio alguno".
Un "error de carpetilla"
Los dos narcotraficantes turcos fueron detenidos hace dos años durante la que se conoció como la segunda operación –llamada "Victoria"– más importante en España contra el tráfico de heroína. Sin embargo, el pasado mes de julio se cumplía el plazo para pedir la prórroga de la prisión provisional (en estos casos de delitos muy graves es el tiempo máximo) de dos de sus detenidos: Sahin Eren y Erden Vardar.
La Fiscalía advirtió el 27 de junio al juez Garzón que se acercaba la fecha límite para pedir la prórroga de ambos delincuentes. Esta petición la realizó el juez en una vistilla el pasado 14 de julio pero después tuvo que dictar la libertad de ambos porque el plazo era hasta el 12 de julio, es decir dos días antes. Según relata María Peral en El Mundo, esta petición no pudo hacerse antes porque el juez acababa de llegar de Colombia –donde participó en un seminario cuyo título fue "Sin rastro"– y su agenda incluía un encuentro hispano-francés.
La explicación de Garzón es que se trató de "un error de carpetilla" ya que en nuevos autos se apuntaba que "en el día de la fecha se ha constatado cómo realmente el día de detención fue el 12 de julio y que por error se hizo constar el 18 de julio de 2006 en la carpetilla de la pieza de situación personal del procesado, lo que ha dado lugar a la confusión y señalamiento para el 14 de julio".