La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, destacó este miércoles la importante labor que viene desempeñando José Manuel Gómez Benítez frente a las críticas vertidas por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que cuestionó la permanencia de este vocal en el órgano de gobierno de los jueces tras conocerse su papel de interlocutor del Gobierno en las negociaciones con ETA.
La asociación mayoritaria entre los jueces denunció que si los interlocutores del Gobierno consideraron las actuaciones de la Justicia contra ETA como un "obstáculo" y las colocaron al mismo nivel que las "abominables, persistentes y terroríficas conductas delictivas" cometidas por la banda terrorista, deslegitimaron con su comportamiento la actuación de los jueces.
En declaraciones a Europa Press, la portavoz insistió en que lo que debe tenerse en cuenta es, no sólo la gran capacidad de trabajo de Gómez Benítez, sino también su alto nivel de conocimiento jurídico y la responsabilidad y lealtad institucional que ha venido demostrando desde que se constituyó el actual Consejo del Poder Judicial.
Añadió que, precisamente este miércoles, la labor de Gómez Benítez fue defendida públicamente durante la reunión de la Comisión para las relaciones con las asociaciones judiciales.
Según Bravo, tanto el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, como los vocales Inmaculada Montalbán Margarita Robles y Miguel Collado "han defendido su importante aportación al CGPJ durante los últimos dos años y medio, así como su trabajo en comisiones de la importancia de la de Estudios o la Disciplinaria", afirmó la portavoz.
En un comunicado, la APM se refirió a las informaciones referidas a las reuniones que mantuvieron mediadores del Gobierno como Javier Moscoso, Jesús Eguiguren y Javier Gómez Benítez con ETA, según recogieron las actas incautadas en Francia al dirigente etarra Francisco Javier López Peña, 'Thierry'.
En concreto, la asociación aludió a la figura de José Manuel Gómez Benítez, cuestionando la "conveniencia" de que siga ejerciendo como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya que la "razón de ser" de este órgano no es otra que la "defensa de la integridad de la jurisdicción y de la independencia de los jueces, desde una perspectiva de Estado democrático de Derecho".
La asociación mayoritaria en la carrera judicial se refirió a las informaciones referidas a las reuniones que mantuvieron mediadores del Gobierno como Javier Moscoso, Jesús Eguiguren y Javier Gómez Benítez con ETA, según recogieron las actas incautadas en Francia al dirigente etarra Francisco Javier López Peña, 'Thierry'.
En concreto, aludió a la figura de José Manuel Gómez Benítez, cuestionando la "conveniencia" de que siga ejerciendo como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya que la "razón de ser" de este órgano no es otra que la "defensa de la integridad de la jurisdicción y de la independencia de los jueces, desde una perspectiva de Estado democrático de Derecho".
Sin "prejuzgar" el resultado de los procesos judiciales en curso, la asociación ha advertido de que los mediadores habrían llegado a "equiparar las necesarias y beneméritas actuaciones del Estado de Derecho" con las "abominables, persistentes y terroríficas conductas delictivas ejecutadas por los enemigos de la pacífica convivencia de la sociedad española". "Se confunde así por esos comisionados el ejercicio de la legítima autoridad estatal frente al delito con una pugna entre iguales", añadió.
"Sabemos, en la medida en que se ha publicado sin desmentido alguno, que esos comisionados han considerado las actuaciones de la Justicia como un problema y un obstáculo, a veces incluso insalvable y siempre creador de dificultades de necesaria elusión, para el desarrollo y consecución de los fines propuestos por los interlocutores", apuntó.
A su juicio, el comportamiento de los interlocutores nombrados por el Gobierno deja en evidencia que consideraban el Estado de Derecho como "algo ajeno" a ellos y que consideraban "una prueba de leal proceder" llevar a cabo actuaciones encaminadas a "frustrar" las acciones de los magistrados.
De esta forma, adviertió que los mediadores "deslegitimaron la actuación de los jueces" en la medida en la que colocaron "al mismo nivel" e incluso "supeditaron" su actuación al servicio de la legalidad democrática y a determinadas conductas que "se califican de delictivas en cualquier sociedad moderna". Para la asociación, esta posición constituiría además una "interferencia" en la independencia de los jueces.