La AN investigó las llamadas de Ares al teléfono dado a ETA

La investigación del chivatazo a ETA ha puesto de manifiesto también las maniobras que realizaron el Gobierno y el Partido Socialista durante la negociación con ETA. De hecho, este miércoles, El Mundo informa que el juez Juan del Olmo investigó en 2007 el tráfico telefónico de Rodolfo Ares, ahora consejero vasco de Interior y entonces diputado autonómico del PSE.

Y es que el magistrado comprobó que el político socialista había contactado con el número telefónico que uno de los etarras que participó en la negociación, Jon Iurrebaso, llevaba anotado como salvoconducto cuando fue detenido. El terrorista explicó más tarde que el número se lo habían facilitado los negociadores españoles para usarlo en caso de emergencia tras ser detenido en 2007.

La juez antiterrorista francesa, Laurence Le Vert envió una comisión rogatoria a España solicitando que se investigara a los usuarios del número de teléfono, acabado en 190, así como otro teléfono que mostró el etarra como muestra de que era el negociador de la banda.

El resultado de la investigación fue que el número acabado en 190 estaba en manos del ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, ahora imputado por el chivatazo. Igualmente, a diferencia de otros números utilizados por Hidalgo, investigados igualmente en el caso Faisán, el tráfico del 190 era muy limitado, lo que daría relevancia a las llamadas.

En este sentido, uno de los teléfonos recogidos en el informe correspondía al de Rodolfo Ares. Hablaron hasta en tres ocasiones. Otro número, que tenía llamadas con este número acabado en 190, era el de un ex alto mando de Información de la Policía.

Del Olmo ordenó a la Guardia Civil que le proporcionara todo el tráfico de llamadas mantenidas por Ares, y en el listado, muy extenso, estaba la cúpula del Ministerio del Interior. Posteriormente la investigación pasó a manos de Baltasar Garzón. La Fiscalía de la Audiencia le pidió que decretase la nulidad de la diligencia puesto que interpretaba que al ser diputado gozaba de aforamiento, por lo que tenía que ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Baltasar Garzón decidió no avalar la investigación de Del Olmo, aunque tampoco la anuló. Simplemente dijo que no era el momento de resolver este asunto y que ya se vería más adelante. Y, finalmente, tras la suspensión del juez jienense, la causa ha recaído sobre Pablo Ruz, que deberá dar respuesta a la petición de nulidad de la Fiscalía.