LD (V. Gago) El último pleno del Ayuntamiento de Hernani incluyó, como punto único del Orden del Día, una moción del grupo de gobierno, ANV, para que la Corporación expresara su adhesión a la alcaldesa y dispusiese atender el coste de su defensa ante la Audiencia Nacional con fondos públicos municipales.
Marian Beitialarrangoitia finalizó un mitin el pasado 12 de enero, en Pamplona, pidiendo un aplauso para los terroristas de ETA Portu y Sarasola, implicados en el asesinato a sangre fría de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero, el pasado 1 de diciembre en Capbreton (Francia).
La Fiscalía de la Audiencia Nacional inició el procedimiento por un probable acto de enaltecimiento del terrorismo contra la alcaldesa pro-etarra.
En la moción municipal aprobada el pasado 23 de enero, a la que ha tenido acceso Libertad Digital gracias a la Fundación Unidad y Diversidad, se proclama que el Ayuntamiento "considera muy grave" la denuncia contra la alcaldesa.
"Dicha medida", dicen los plenarios, "al igual que las demás agresiones mencionadas anteriormente, constituyen un ataque directo contra Euskal Herría y su objetivo es la criminalización del independentismo vasco".
El punto 5 de la moción dispone que "este Ayuntamiento asume todos los gastos económicos que ocasiones dicha decisión" [de la Audiencia Nacional], incluido el coste de la defensa jurídica de la alcaldesa pro-etarra que pidió un aplauso para los presuntos asesinos de Trapero y Centeno.
La moción se aprobó en contra del criterio del interventor municipal, según ha sabido LD. Antes del Pleno, el funcionario emitió un informe en el que advertía que, según la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 75.4, los miembros de un ayuntamiento "percibirán indemnizaciones" sólo "por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo".
Cuando Beitialarrangoitia pidió el aplauso para los dos terroristas de ETA, se encontraba en un mitin en Pamplona, en el que ANV presentaba sus listas a las próximas Elecciones Generales, y no en un evento oficial, representando al Ayuntamiento.
Según esta lógica jurídica, y de acuerdo con el informe del interventor, al que ha tenido acceso este diario, pagar los gastos de la asistencia jurídica a Marian Beitialarrangoitia sería una medida ilegal.