La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha celebrado este martes la segunda sesión de la vista donde la Abogacía del Estado, el Ministerio Fiscal y Sortu han defendido sus sendas posturas de por qué esta formación debe presentarse o no a las próximas elecciones municipales y forales del País Vasco el 22 de mayo.
El primero en intervenir ha sido el abogado del Estado, Manuel Rivero, quien en sus conclusiones finales ha vuelto a sostener que Sortu es lo mismo que Batasuna-ETA. "Sortu es el enésimo intento del complejo de ETA para entrar en las instituciones democráticas", indicó Rivero.
"Pretenden decirnos que ha habido un debate en el seno la izquierda abertzale (...), pero para cualquier observador, no ha habido ruptura, sino una tolerancia mutua", ha añadido el representante del Gobierno. "La apuesta de ETA por Sortu parece evidente", destacó.
En la misma línea se pronunció el fiscal del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, quien ha recalcado que Sortu es "el sucesor continuado de la actividad de una formación política ilegalizada" en referencia a Batasuna.
Además, el representante del Ministerio Público ha enfatizado en el que Alto Tribunal debe evitar ahora que se produzca un "fraude de ley". Al no estar Sortu inscrito en el registro de partidos del Ministerio del Interior no puede ser ilegalizado como tal, es decir, como una formación política. La vía judicial para evitar que esta nueva marca proetarra esté en la próxima cita con las urnas pasa porque la Sala del 61 del TS, que preside Carlos Dívar, declare que Sortu incumple la sentencia de marzo de 2003 en la se ilegalizó a Batasuna por ser el brazo político de ETA.
Según Narváez, "el hábito no hace al monje"subrayó al explicar que aunque este partido "cumple aparentemente" el canon de legalidad –en referencia a la Ley de Partidos- en su "sombra" está la banda terrorista ETA, con la que no ha soltado "amarras".
Por su parte, la defensa de Sortu ejercida por el abogado Íñigo Iruín ha centrado su discurso en explicar que esta formación "no es pantalla de nada ni de nadie". Iruín ha afirmado que "se está pidiendo una ilegalización preventiva porque no se fían" de los integrantes de la formación proetarra vinculados, según consta en los informes policiales, a ETA. Un dato que el letrado ha reconocido pero que no considera suficiente para justificar su ilegalización.
La Sala del 61 se reunirá este miércoles para comenzar a deliberar sobre el futuro de Sortu.