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La Abogacía del Estado explica al Constitucional sus argumentos contra el "Plan Ibarretxe"

La Abogacía del Estado ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que admita a trámite la impugnación de Gobierno de la Nación al "Plan Ibarretxe" al considerar que tanto su aprobación por el Ejecutivo vasco, como su tramitación en la Cámara de Vitoria, ya implican una vulneración de los preceptos constitucionales. La Abogacía del Estado recuerda que el Gobierno vasco se ha arrogado una competencia que no le corresponde, dándole a sus ciudadanos la cualidad de "un nuevo soberano que se autodetermina".

L D (EFE) En el escrito de alegaciones presentado este viernes ante el TC, el abogado del Estado afirma que el acuerdo del gobierno vasco de 25 de octubre de 2003 debe ser considerado una "resolución" a todos los efectos, ante la que hay que preguntarse "si cabe ejercer el poder de iniciativa para reformar una norma infraconstitucional (el Estatuto) despreciando por completo la norma suprema".

Los servicios jurídicos del Estado recuerdan que "los Estatutos de Autonomía y sus reformas sólo pueden ser productos de una potestad subordinada a la Constitución", y añaden que, sin embargo, el Plan Ibarretxe se presenta a sí mismo "como incoación de un acto constituyente originario sobre una parte del territorio español cuyo protagonista es un nuevo soberano que se autodetermina".
La propia aprobación ya es delictiva

"Por ello, y con este simple y solo acto, el gobierno vasco se ha desviado del único camino correcto para alcanzar su objetivo soberanista o separatista, que es la leal utilización del procedimiento de reforma constitucional". Así, el abogado del Estado pregunta si "será, por lo tanto, constitucionalmente válido el acuerdo de un gobierno autonómico que aprueba una propuesta de reforma ostentosamente inconstitucional y exterioriza así un objetivo político de, digamos, desvinculación constitucional".

El Gobierno rechaza, en todo caso, que con su impugnación pretenda que el TC analice ahora la constitucionalidad de la propuesta –porque ese control no puede ser previo–, sino que, "simple y llanamente, el Tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dos resoluciones, una gubernativa y otra parlamentaria". La primera es el acuerdo del gobierno vasco, y la segunda el acuerdo de la Mesa del Parlamento vasco de 4 de noviembre de 2003 por el que se admitió a trámite el anterior.

Actuación incorrecta del Parlamento vasco

El escrito de alegaciones afirma que, en ese momento, "se plantea el magno problema de si al decidir la admisión de un documento las Mesas de los Parlamentos autonómicos pueden pasar por alto los casos de inconstitucionalidad evidente, clamorosa y buscada de propósito", y concluye que "es obligado que verifique si, al menos, la propuesta se sujeta a la Constitución o la desconoce de cabo a rabo".

"La Mesa había de elegir y resolver en asunto muy grave, puesto que, según la opción que tomara por una u otra de las posibles alternativas de calificación y admisión (...), el intento del gobierno vasco podía quedar abortado o bien salir robustecido por la apertura en franquía de un cauce procedimental, del que cabe preguntarse (...) si era constitucionalmente adecuado", añade.

Los últimos antecedentes del caso

El pasado 4 de diciembre, el Tribunal Constitucional acordó emplazar al Gobierno de la Nación y al Ejecutivo y Parlamento vascos para que presentaran alegaciones antes de decidir si admite o no a trámite la impugnación del Gobierno central al Plan Ibarretxe. En una providencia, el pleno del TC señalaba que los magistrados habían decidido "oír al Gobierno de la Nación y a los órganos autonómicos que han dictado los acuerdos impugnados, Gobierno Vasco y Mesa del Parlamento Vasco, para que en el plazo común de diez días" presentaran sus alegaciones.

El Gobierno de la Nación impugnó el pasado 13 de noviembre los acuerdos del Ejecutivo vasco mediante el que se aprobó la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi (Plan Ibarretxe) y de la Mesa del Parlamento de Vitoria mediante el que se admitió a trámite dicha propuesta y se ordenó su remisión a la Comisión Parlamentaria de Instituciones e Interior.

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