Las diligencias de investigación para impedir la presencia de marcas políticas creadas por ETA en las elecciones de mayo de 2011 habrían sido ordenadas por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. El objetivo de esta investigación sería recabar datos e informaciones previas de cara a prevenir la presencia de listas contaminadas o formaciones dependientes de ETA y que sustituyan a los partidos ya ilegalizados.
Fuentes judiciales consultadas por Europa Press, recuerdan, que tanto el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, como el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ya han dicho en varias ocasiones en los últimos meses que el Gobierno y la Justicia estarán pendiente del mundo de ETA para evitar su presencia en los próximos comicios forales y municipales.
De hecho, Pumpido, enfatizó a finales de octubre, tras la clausura de la reunión anual de la Red de Fiscales de Cooperación Judicial Internacional, en que el Gobierno y la justicia están luchando contra ETA "con toda energía y la Fiscalía de la Audiencia Nacional está dirigiendo un gran número de procesos". Igualmente, recordó que el Parlamento aprobó recientemente una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral cuyo fin es que, dentro de la Constitución y el Estado de Derecho, evitar que "quienes justifican la violencia estén en las instituciones democráticas, y eso es bueno para todos".
El fiscal general del Estado también recordó recientemente que si formaciones como Eusko Alkartasuna (EA) ceden sus listas a Batasuna, éstas podrían ser ilegalizadas. En este sentido, planteó dos posibilidades, por un lado "la Ley de Régimen local, que significa la disolución del Ayuntamiento y hasta ahora no se ha hecho uso de esa posibilidad" y, por otro lado, otra que "afectaría de manera individualizada a los candidatos que no se apartasen del partido ilegalizado".
"Si se presentan candidaturas individuales con personas vinculadas fraudulentamente a partidos ilegalizados se podrían impugnar las mismas", es decir, la impugnación "afectaría al conjunto de la lista", pero dependiendo de "la decisión final que adopte el legislador".