L D (EFE) Los hechos a los que se refiere la sentencia se remontan al 27 de julio de 2000, cuando el Ayuntamiento, todavía presidido por Jesús Gil, recibió el anteproyecto del informe de fiscalización por el Tribunal de Cuentas de los presupuestos municipales entre 1990 y 1999, que fue solicitado por los grupos de la oposición.
El entonces alcalde accidental, Julián Muñoz, dictó un decreto el 7 de agosto de 2000 por el que denegaba esta información a los grupos políticos, que presentaron un recurso contencioso administrativo ante el TSJA, que el 20 de noviembre declaró nulo el citado decreto "por vulnerar el derecho fundamental recogido en el artículo 23 de la Constitución Española", añade la sentencia. Julián Muñoz aseguró en el juicio celebrado el 15 de octubre en el juzgado de lo Penal número 3 de Málaga que no entregó a la oposición el informe del Tribunal de Cuentas después de recibir asesoramiento jurídico "interno y externo", mientras que Gil se desvinculó del caso.
La Fiscalía y la acusación particular ejercida por Isabel García Marcos, ex portavoz del PSOE y actual primer teniente de alcalde, limitaron su petición de cuatro años de inhabilitación a Muñoz, mientras que la acusación particular del PP la extendió también a Gil y Barrantes.
El abogado de Muñoz, José María del Nido, dijo que se trataba de un "anteproyecto del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas" que fue "remitido al equipo de gobierno, y el propio Tribunal dijo que no había que dar acceso a la información a los grupos de la oposición". Además, el secretario municipal "puso de manifiesto" en el juicio, según Del Nido, que "asesores jurídicos externos e internos hicieron ver que no debía ser entregado a los concejales de la oposición", porque "así lo habían dicho el TSJA y el Tribunal de Cuentas".
El entonces alcalde accidental, Julián Muñoz, dictó un decreto el 7 de agosto de 2000 por el que denegaba esta información a los grupos políticos, que presentaron un recurso contencioso administrativo ante el TSJA, que el 20 de noviembre declaró nulo el citado decreto "por vulnerar el derecho fundamental recogido en el artículo 23 de la Constitución Española", añade la sentencia. Julián Muñoz aseguró en el juicio celebrado el 15 de octubre en el juzgado de lo Penal número 3 de Málaga que no entregó a la oposición el informe del Tribunal de Cuentas después de recibir asesoramiento jurídico "interno y externo", mientras que Gil se desvinculó del caso.
La Fiscalía y la acusación particular ejercida por Isabel García Marcos, ex portavoz del PSOE y actual primer teniente de alcalde, limitaron su petición de cuatro años de inhabilitación a Muñoz, mientras que la acusación particular del PP la extendió también a Gil y Barrantes.
El abogado de Muñoz, José María del Nido, dijo que se trataba de un "anteproyecto del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas" que fue "remitido al equipo de gobierno, y el propio Tribunal dijo que no había que dar acceso a la información a los grupos de la oposición". Además, el secretario municipal "puso de manifiesto" en el juicio, según Del Nido, que "asesores jurídicos externos e internos hicieron ver que no debía ser entregado a los concejales de la oposición", porque "así lo habían dicho el TSJA y el Tribunal de Cuentas".