L D (EFE) Jueces para la Democracia expresa en un comunicado que la reforma, elaborada en 2003 por el anterior Gobierno, del Partido Popular, supone un "auténtico retroceso" en la política penal y pide que la misma sea, "cuanto antes", objeto de "reflexión y debate".
Según Jueces para la Democracia, la reforma limita la noción de "seguridad" a la callejera y deja de lado otros campos como el de la seguridad financiera, la medioambiental o la alimentaria y propone, por tanto, una "mayor dureza contra los delitos que cometen sectores marginalizados". En este sentido, estos jueces opinan que el nuevo código se muestra "extraordinariamente benigno" respecto de la "otra delincuencia", ya que despenaliza de manera subrepticia el delito fiscal, el abuso de información privilegiada en el tráfico bursátil y reduce la sanción penal de algunas conductas que afectan al medio ambiente. Critican asimismo el retorno a la aplicación de penas cortas privativas de libertad, a la multirreincidencia y a la conversión de faltas en delitos por la reiteración, lo cual supone, a su juicio, optar por los "contraproducentes" efectos de estas penas cortas que "etiquetan" al penado como "delincuente".
Por otro lado, la asociación considera que la reforma "toma partido" de forma "reaccionaria" de polémicas como la que afecta a la investigación sobre la transferencia nuclear y las células madre. También muestra su desacuerdo frente a la supresión de la pena de arresto de fin de semana, que se aplicaba a aquellos que cometían un delito pero desarrollaban una actividad laboral y social, y a la reimplantación del antiguo arresto domiciliario, sin arbitrarse, a su juicio, medidas para su correcta aplicación.
La asociación reconoce, sin embargo, "algunos aspectos positivos" de la reforma, como la incorporación de algunos delitos a la competencia de la Corte Penal Internacional o la consideración como delito de cualquier maltrato en el ámbito doméstico, la posesión de pornografía infantil o la crueldad grave con los animales.