LD (EFE) En su declaración en castellano, el marroquí Jamal Zougam indicó que tuvo únicamente una relación comercial esporádica con Imad Eddin Barkat, alias "Abú-Dahdah", el principal acusado de integrar una "célula terrorista" de Al-Qaeda desarticulada en España tras el 11-S.
Zougam explicó que en alguna ocasión compró verduras a "Abú-Dahdah", "meses antes de que le detuvieran", para la tienda de comestibles que regentaba en el madrileño barrio de Lavapiés y que por eso tenía su teléfono. Indicó que "como alguna vez me iba a vender algo teníamos su número de teléfono en la tienda por si nos hacía falta. Solíamos tener los teléfonos de los que nos venden productos porque es nuestra obligación como comerciantes".
Sin embargo, negó cualquier relación personal con "Abú-Dahdah", considerado el líder de la célula para quien se piden 62.512 años de cárcel por su presunta complicidad con el 11-S. Cuando el fiscal Pedro Rubira le preguntó si Barakat le impulsó a ir a la guerra de Afganistán, Zougam contestó que "jamás nadie me habló de ir a Afganistán e ir a la guerra". "Yo lo único que hago es ayudar a mi padre que tiene siete hijos en Marruecos de otra mujer", destacó.
Admitió conocer al acusado Said Chedadi de verle en una tienda cercana a la suya, pero afirmó, al igual que hizo con "Abú-Dahdah", que "no conocía su apellido hasta que fue detenido". Por contra, negó conocer a Dris Chebli, otro de los principales acusados e imputado en el sumario en el que se investiga el 11-M, así como al responsable de Al-Qaeda Amer Azizi, huido en esta causa y al que también se ha relacionado con los atentados terroristas de Madrid.
Liberados cinco acusados
Durante la misma jornada, el tribunal ha ordenado que sean puestos en libertad cinco de los 24 acusados al estimar que ha disminuido "considerablemente" el riesgo de fuga, con lo que son ya ocho los procesados excarcelados. Los liberados son Sid Ahmed Boudjela, Mohamed Kahir Al Saqqa, Mohamed Bahaiah, los hermanos Waheed y Ahmad Kosaghi Kelani y Basam Dalati.
El fiscal Pedro Rubira solicita para todos ellos nueve años de cárcel por integración en organización terrorista islamista, a excepción de Ahmed Boudjela, para el que pide diez años de prisión. La sala ha impuesto a estos cinco acusados la prohibición de abandonar España sin autorización judicial, por lo que deberán entregar el pasaporte, así como comparecencias diarias en el juzgado los días en que no haya juicio.