L D (Pedro de Tena) Como muchos en el PSOE, vociferan contra el capitalismo y el neoliberalismo mientras operan en su vida privada y profesional con sociedades anónimas, baluartes capitales del régimen de libre empresa, es decir, el miserable capitalismo.
Hoy vamos a ver cómo las irregularidades de Montaner no se limitan a la hipocresía política, decir una cosa y hacer otra. No. La cosa va más allá. Hay quien cree todavía que la corrupción que asoló Marbella la inventó Jesús Gil. Pero no. Los derechos de autor, si no todos, buena parte, corresponden a Jaime Montaner y al entramado del PSOE de Andalucía.
Si su comportamiento es vergonzoso, como se verá, más vergonzoso aún si cabe fue el comportamiento del presidente Chaves que, al ser sobreseída por prescripción una importantísima causa seguida contra su consejero Montaner exclamó: "La Justicia ha puesto las cosas en su sitio". Y en efecto, así fue. Las puso en el cajón. Los hechos son terribles y decisivos. Vean.
En 1996, la Fiscalía Anticorrupción denunció a altos cargos de la Junta andaluza por cohecho. Demostradamente, Jesús Gil pagó 85 millones a proveedores y personas vinculadas al PSOE mucho antes de ser alcalde. Es decir, Gil era el que pagaba comisiones, no el que las cobraba. La Fiscalía Anticorrupción señaló y denunció a altos cargos de la Junta de Andalucía como los cobradores y autores de presuntos delitos de cohecho y prevaricación.
Los hechos se remontaban a 1986, cuando estos altos cargos socialistas reclamaron a Jesús Gil, alcalde de Marbella, 220 millones de pesetas para variar el volumen de edificabilidad de unos terrenos. Gil finalmente pagó, como primera entrega, 85 millones a personas vinculadas al PSOE y a proveedores de este partido.
¿Quiénes eran estos altos cargos socialistas denunciados por la Fiscalía Anticorrupción? Nada menos que:
1) El diputado andaluz Jaime Montaner Roselló, ex consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y consejero de Economía y Hacienda de Manuel Chaves desde 1990 a 1994.
2) El abogado José Salinas González, padre del entonces vicepresidente de la Junta José Miguel Salinas y de Rafael Salinas, que ostentaba el cargo de asesor jurídico del Ayuntamiento de Marbella cuando se produjeron los hechos.
3) También va dirigida contra Higinio Rodríguez, yerno de José Salinas. A todos ellos se les imputan los delitos de cohecho y prevaricación.
En el escrito también se alude a Antonio Prieto Durán, secretario de Asuntos Económicos de la Consejería de la Presidencia de la Junta, que cobró varios de los cheques firmados por Gil. Los cheques fueron cobrados en una sede del PSOE, partido del que Prieto Durán llevó la contabilidad en diversas campañas electorales.
¿Cómo salió a la luz esta trama de cobro ilegal de comisiones que iban a parar al PSOE?
El 28 de mayo de 1996 Jesús Gil prestó declaración ante la Fiscalía y aportó documentación relativa a unos terrenos que adquirió para la sociedad Vegangeles S.A (de su propiedad) en los años 1984 y 1985 para edificar apartamentos.
Se trataba de tres parcelas, conocidas como "Los Cipreses", que tenían autorizado, según el Plan General de Ordenación, un coeficiente de edificabilidad de 1,85 metros cuadrados por metro cuadrado de superficie. Este coeficiente fue posteriormente modificado -el 25 de noviembre de 1985- por el Ayuntamiento de Marbella (entonces gobernado por el socialista José Luis Rodríguez Sánchez), que lo rebajó a un metro cuadrado por un metro cuadrado de superficie.
Siete meses más tarde, el consejero de Política Territorial de la Junta de Andalucía, Jaime Montaner, dictó una resolución a raíz de la cual el proyecto de Gil quedó en suspenso. Paralelamente, siempre según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, una "fuente no determinada" indicó a Jesús Gil que "para solucionar los inconvenientes relativos a la edificabilidad de su parcela debería ponerse en contacto con el abogado José Salinas González".
Durante las entrevistas celebradas entre José Salinas González, su yerno Higinio Rodríguez y el propio Gil, le fue exigida a éste último la cantidad de 220 millones de pesetas "a fin de remover todos estos obstáculos existentes a la edificación".
Unos días después, el 7 de julio de 1986, Jesús Gil acudió a un notario de Madrid y en un acta puso de manifiesto todo lo que debía hacer para conseguir la edificabilidad original de su finca, "haciendo constar -se precisa- las fotocopias de los cheques que por diversos importes debería entregar, en Córdoba, al señor Salinas, por un importe total de 85 millones de pesetas, como primer plazo de la cantidad exigida".
Tras pagar esta cifra, Gil interpuso un recurso de reposición contra la resolución del consejero de Política Territorial de la Junta proponiendo un coeficiente de edificabilidad de 1,50 metros cuadrados por metro de terreno. Tres meses después, Jaime Montaner resolvió dando la razón al recurrente. Una vez obtenida esta resolución, Jesús Gil se negó a hacer frente al resto de pagos pedidos, "produciéndose a raíz de ello una serie de incidencias urbanísticas" relacionadas con esta y otras propiedades suyas en Marbella, precisa el escrito.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía a partir del movimiento de los cheques entregados por Gil sirvieron para identificar a algunas de las personas que los cobraron. Entre ellas, Antonio Prieto Durán (titular de dos cuentas en las que fueron ingresados sendos cheques de diez millones de pesetas), que en aquel momento era, como queda dicho, secretario de Asuntos Económicos de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. Según la propia declaración de Antonio Prieto, los cheques los recibió en la sede del PSOE de Sevilla situada en la calle San Vicente. Además, reconoció que llevó la contabilidad del PSOE en varias campañas electorales.
Otro de los cheques ingresó en la cuenta de Lappi Industrias Gráficas, en la que tiene firma Antonio Lappi González, que declaró que el cheque "lo recibió en pago de sus servicios por la campaña electoral de 1986". Un último cheque fue ingresado en una cuenta del Banco de Sabadell perteneciente a la sociedad Mundicom SA, en la que tenían firma autorizada Emilio Martín García y María Soledad Giral Pascualena. Esta sociedad, dedicada al negocio editorial, la consultoría y la asesoría de medios de comunicación, no ha concretado la razón del pago. Pero la empresa estaba íntimamente relacionada con el PSOE, como veremos otro día.
Estos hechos no han sido juzgados porque el nuevo Código Penal elaborado por el PSOE permitió el archivo de esta causa, a pesar de la oposición del fiscal, por considerar prescritos los delitos imputados.
A esto es a lo que el señor Chaves llamó "la Justicia ha puesto las cosas en su sitio". Justamente. En el cajón.
Pero estos hechos demuestran una cosa. No fue Gil quien inventó la corrupción en Marbella. Si la practicó con tanta pericia, fue porque tuvo grandes maestros. Según la Fiscalía, uno de ellos fue Jaime Montaner.