IU olvida su actuación en el Caso Bono y denuncia ahora la detención política de dos de sus militantes

(Libertad Digital) Dos militantes de IU, hermanos de 24 y 19 años, han quedado en libertad con cargos por "alterar el orden público" y causar "lesiones" a los agentes que los identificaron mientras lanzaban vítores a la República al paso de los Príncipes de Asturias, según la Jefatura de Madrid. Esta detención ha causado un fuerte revuelo político en el que, de nuevo, se vuelve a hablar de detenciones políticas en España. Izquierda Unida, a través de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, registrará a lo largo del día de hoy una petición de comparecencia del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, en la Comisión de Interior, para que explique la "actuación policial" y las "agresiones" sufridas por los dos jóvenes militantes de IU.

 

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Antonio Beteta, ha defendido "la libertad de expresión" de los dos militantes de Izquierda Unida (IU) detenidos en Móstoles por ondear una enseña republicana, según la coalición, y por alterar el orden público y causar lesiones a unos agentes, según la policía, si finalmente se demostrara que "el asunto se remite al hecho de portar una bandera".

 

Beteta, que no quiso comparar este caso con la "detención ilegal claramente establecida" de dos militantes del PP durante una manifestación, destacó, no obstante, que "la libertad de expresión es un valor recogido en la Constitución Española", y aseguró que "quien ataque a la libertad de expresión va a entrar en conflicto con el PP también". En una comparecencia en la Asamblea de Madrid, señaló que, "independientemente" de que la enseña tricolor republicana "no sea la bandera oficial del Estado", existen "sentencias del Tribunal Constitucional (TC)" que indican que exhibir símbolos constituye "un ejercicio de la libertad de expresión que está protegido por la Constitución".

 

Beteta recordó que las fuerzas del orden "no pueden actuar bajo criterios políticos o simplemente por gusto". En todo caso, el portavoz parlamentario popular indicó que los hechos tendrán que ser "estudiados por los tribunales" y "habrá que profundizar" en su investigación. Por su parte, el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM) y portavoz del PSOE en la Asamblea, Rafael Simancas, defendió "la aplicación del Estado de Derecho" a los dos militantes de IU detenidos el pasado martes. Durante una comparecencia en el Parlamento madrileño, Simancas dijo que "el asunto está en estos momentos bajo investigación", y remitió la opinión de su grupo sobre esta asunto a las "conclusiones de esa investigación".

 

IU, a través de su portavoz Jorge García, ha dicho que estamos ante un "caso de abuso y maltrato policial". "Lo que hizo la policía fue intentar que unos ciudadanos no pudieran expresar sus ideas políticas de forma pacífica y nosotros pedimos que estos ciudadanos queden sin cargos", apuntó. Izquierda Unidad va a pedir explicaciones en el Congreso de los Diputados a Soledad Mestre, nueva delegada del Gobierno en Madrid tras la dimisión de Constantino Méndez por el Caso Bono. Según García, "ha habido maltratos físicos y psicológicos evidentísimos en el sitio de la detención, en el traslado y en la comisaría. Ya estamos en contra de que la Jefatura del Estado sea en este país patrimonio de una familia, pero que eso sea ajeno al debate político, a la crítica, a la reflexión, nos parece una verdadera vergüenza".

 

Cuando el PP denunció la detención de sus militantes de Las Rozas y pidió al Gobierno que asumiera sus responsabilidades, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, mostró abiertamente su oposición y acusó al PP de haber "montado ya bastante carnaval" con este asunto. "Están en su derecho de hacerlo, pero yo no lo comparto. No comparto que se invierta la situación y se acuse al inocente como culpable y al culpable como inocente. Ahora resulta que Bono no fue agredido", dijo Llamazares. IU apoyó al PSOE en su rechazo a la propuesta del PP de crear una comisión de investigación para determinar las responsabilidades políticas por el Caso Bono.