Ingresa en prisión el hermano del senador del PNV obligado a dimitir por el escándalo de corrupción en Guipúzcoa

L D (Agencias) El ex director de la oficina de la Hacienda foral fue detenido este viernes por la mañana por agentes de la Ertzaintza, que le condujeron a la sede del citado juzgado de Irún, donde se acogió a su derecho a no declarar. La Fiscalía solicitó prisión comunicada y sin fianza, mientras que la defensa pidió su libertad.

 

Bravo, imputado por sendos delitos continuados de malversación de caudales públicos y de falsedad en documento oficial, forma parte del grupo de cuatro personas igualmente imputadas por la Fiscalía en el caso de las presuntas irregularidades detectadas en la Hacienda de Irún. Los otros imputados son su mujer María Rosa Cobos, la ex funcionaria de Hacienda Pilar Gracenea, y su socio Pedro María Aristrain.

 

La detención del responsable de la oficina de Hacienda en Irún se llevó a cabo esta mañana y la responsable del juzgado Nº2 de Instancia e Instrucción decretó su ingreso en prisión porque la documentación presentada en este caso "corrobora indiciariamente que la deuda" de algunos contribuyentes fue cobrada por Bravo "en las cantidades que indican los citados justificantes".

 

El auto judicial señala también que, aunque el imputado negó en su declaración del 3 de abril que se hubiera apropiado del dinero, "no puede obviarse que la Diputación foral de Guipúzcoa remitió después un detalladísimo informe en el que, tras contrastar la cantidad satisfecha por los contribuyentes en cada fecha con la contabilidad pertinente, concluía que tales ingresos no constaban ingresados" en la Hacienda guipuzcoana. "A mayor abundamiento, llama la atención que, según la documentación de Kutxa, Caja Laboral y de Bankoa, cantidades coincidentes con tales pagos fueran a parar finalmente a las cuentas que el imputado tiene" a su nombre, o al de otras entidades en las que es socio o administrador, explica la juez.

 

Además, considera que a estos datos se suma el patrimonio acumulado por Bravo en este tiempo para concluir que "al menos en principio" conforman unos indicios "suficientes para considerar que se halla incriminado en los hechos que se le imputan".Una vez repasados los hechos y conforme a "su gravedad y el considerable perjuicio patrimonial causado a la Hacienda foral", la prisión decretada es una "medida proporcionada".

 

El auto indica además que "existen indicios de que hay más casos similares a los que hasta ahora han sido investigados (y que se unirán en breve a las actuaciones) que elevarían la suma defraudada muy por encima del importe de tres millones de euros". "El presunto beneficio que el imputado habría podido obtener superaría ya con creces el millón de euros", añade. "Dado que según información de Fiscalía, continúan apareciendo nuevos expedientes presuntamente fraudulentos y nuevos perjudicados, se estima que la prisión también sería necesaria para evitar en este caso la alteración u ocultación de esas posibles pruebas", justifica.

 

A pesar de reconocer que la fianza de 400.000 euros "pudiera parecer desproporcionada", recuerda la juez que obedece a la cantidad citada que podría haberse defraudado y al elevado patrimonio de Bravo, propietario de un hotel y un SPA

 

El auto señala que el ex director de la Oficina de la Hacienda foral en Irún, al frente de dicha oficina entre 1995 y 2004, recababa los nombres de contribuyentes con deudas tributarias, a fin de negociar sus deudas y requerirles su pago, "normalmente en cuantía inferior a la debida". "A continuación, recibía el dinero de los contribuyentes en metálico o a través de cheques que finalmente, bien de forma directa o a través de empresas en las que era administrador o copartícipe, ingresaba en su cuenta. Por último, declaraba extinguida la deuda tributaria así como la insolvencia del contribuyente y la prescripción del delito", indica el auto.

 

Estas operaciones se infieren de las declaraciones de los testigos y perjudicados, así como de los justificantes de embargo de metálico firmados por el imputado. Bravo puede interponer recurso de reforma contra la orden de prisión en un plazo de tres días o apelar directamente en cinco días, en ambos casos, ante el juzgado de Primera Instancia e Instrucción que emitió hoy el auto.