El próximo 11 de marzo, séptimo aniversario de la masacre, la juez que sigue la causa contra el que fuera jefe de los Tedax ha llamado a declarar a la mitad de los artificieros que participaron en el traslado de los restos de las explosiones hasta la Unidad Central. El lunes siguiente, día 14, siete años después de las elecciones que cambiaron la historia de España, comparecerán, en calidad de testigo, otros tantos.
Así hasta completar los 48 nombres que, con un año de retraso y tras el escándalo del ultimátum dado por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid al Ministerio de Interior, ha aportado este Departamento.
Siete años después del atentado que provocó 192 muertos y miles de heridos, poco se ha avanzado. No hay autor intelectual de la masacre; sólo un autor material, después de que el Tribunal Supremo corrigiera a la Audiencia Nacional respecto a los muertos de Leganés: el Alto Tribunal recordó que estos no pudieron aportar pruebas para demostrar su inocencia ni pudieron ser juzgados.
No puede establecerse "una atribución individualizada de responsabilidad penal a cada uno de ellos, pues se extinguió con su muerte, lo que determinó, consecuentemente, que no fueran juzgados y que sobre su conducta no se practicaran pruebas de cargo ni de descargo", remarcó. Es más, confirmó la absolución de Abdelmahid Bouchar como autor material, el único de los que estaba en Leganés que sobrevivió al salir corriendo de la casa horas antes.
También el Supremo desvinculó a Al Qaeda de la masacre. Por tanto, hoy, como hace siete años, seguimos sin saber quién concibió aquel atentado, quién lo organizó, quién lo financió ni quién lo ejecutó. Y por su puesto tampoco conocemos qué explosivo se utilizó.
La justicia lo sentenció y los políticos dieron el caso por cerrado, o incluso más: como si nunca hubiera existido. Un silencio institucional que ha recorrido el 11-M todos estos años. Salvo por algunas excepciones: las víctimas de la masacre, naturalmente, y los pocos medios de comunicación que no han cejado en su empeño por conocer la verdad de lo que ocurrió aquél 11 de marzo de 2004 y los días posteriores.
Precisamente gracias a este interés periodístico, los vídeos de la pericial de explosivos encargada por el presidente del Tribunal de la Audiencia, Javier Gómez Bermúdez, vieron la luz. Entre otras, mostraban el malestar que vivieron los peritos al descubrir que entre las escasas muestras había dinitrotolueno, un hidrocarburo que no forma parte de los componentes de la Goma 2 ECO, el explosivo que la tesis oficial se empeñó en defender que estalló en los trenes y que procedía de Mina Conchita, sino del Titadyn, usado habitualmente por ETA.
Y precisamente por el hecho de que de 90 toneladas sólo llegaran a la Audiencia 23 muestras compuestas algunas de ellas por un mísero clavo, por el que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M se querelló contra el ex comisario de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano y la perito químico, responsable de recibir en un primer momento los restos del explosivo, de su análisis y su posterior almacenamiento.
¿Qué hará ahora la juez?
Casualidades de la vida o justicia poética, este viernes, séptimo aniversario del 11-M, la instrucción llevada a cabo por la juez Coro Cillán da un paso importante.
La magistrada deberá decidir ahora si ordena practicar alguna diligencia más después de interrogar a los 48 Tedax que participaron en la recogida de restos de los focos del 11-M o, por el contrario, si da por finalizada la instrucción. Las partes -defensa de Sánchez Manzano y la acusación popular desarrollada por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M- también podrán solicitar que se practiquen nuevas pruebas en los próximos días antes de que termine la investigación judicial.
En caso de que la juez dé por concluida la fase de instrucción -y no pida ni admita nuevas diligencias- debe decidir si archiva la causa o si sigue adelante con ella y dicta el auto de apertura de juicio oral. En este segundo supuesto, será un tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid el que deberá juzgar al ex jefe de los Tedax. Sánchez Manzano está imputado – junto a su subordinada, la perito químico de la Unidad – por los delitos de falso testimonio, ocultación de pruebas y por omisión del deber de perseguir delitos.