L D (Agencias) En concreto, las personas con responsabilidades políticas que citan las conclusiones hechas públicas este jueves por la Comisión, son el ex diputado general Joxe Joan González de Txabarri, los ex diputados forales de Hacienda Antton Market y Juan José Mujika y cuatro directores generales de Hacienda y Finanzas.
La comisión, compuesta por representantes de todos los grupos políticos de las Juntas guipuzcoanas, considera que "la vulnerabilidad provocada por un incorrecto funcionamiento y falta de organización, control e instrucciones claras en el Servicio de Recaudación, junto a la debilidad de los mecanismos de control interno de la Diputación foral han podido favorecer" la comisión del presunto fraude.
A su juicio, los servicios de recaudación "históricamente han estado desatendidos" y se ha primado por el Departamento de Hacienda "la gestión de otros servicios como Renta, Inspección, IVA o Sociedades". "Ha fallado el tratamiento de las insolvencias, no existían ni control ni criterios claros sobre dichos actos administrativos, tampoco se anotaban en el Registro Mercantil", señala, al tiempo que añade que "se hicieron pagos en metálico", a pesar de que "había instrucciones para que no se admitiese dicha forma de pago y de haberse suprimido las cajas".
Por ello, el informe responsabiliza políticamente al director general de Hacienda en aquella época, Víctor Bravo Durán, del incorrecto funcionamiento de los órganos de la Subdirección de Recaudación.
Control y auditoría
Las conclusiones de la Comisión de Investigación señalan que los sistemas de control interno del departamento de Hacienda "no fueron capaces" de evitar la comisión de los hechos aunque ayudaron a descubrir su presunta comisión. En su opinión, la estructura del Departamento "no era suficiente para hacer un control previo efectivo en área de ingresos".
De este modo, recuerda que a partir de 2000 se tenía que aplicar un nuevo sistema de control interno basado en auditorias "a posteriori" en lugar de los controles previos anteriores. En ese sentido, asegura que no fue efectivo porque sólo se hizo una auditoria sobre bajas por insolvencia durante cuatro años, algo que considera "irresponsable".
La Comisión considera que estas deficiencias son responsabilidad tanto de Víctor Bravo, como del ex director de Hacienda Antton Market y del ex director general de Finanzas y Presupuestos Juan Romero Landa.
El informe destaca que "el informe de auditoría sobre bajas por insolvencia" de varios expedientes, que fue archivado en diciembre de 2005, "no debería haberse archivado".
"Ninguna auditoría finaliza su actuación hasta que sus defectivos son analizados en origen, evaluadas sus consecuencias y aplicadas las acciones correctivas y preventivas. Se tenía que haber profundizado, se tenía que haber continuado investigando y haber remitido también dicho informe al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas", considera para añadir que la justificación de su archivo es "inadmisible" y "muy poco prudente".
Rica, Mújika y Txabarri
La Comisión de Investigación insiste en que fue la denuncia de dos contribuyentes la que hizo que se "desempolve" la auditoria, y responsabilizó a los dos directores de Hacienda y Finanzas, Iñaki Rica y Asier Esnal, así como al ex diputado de Fiscalidad, Juan José Mujika.
Además, asegura que el ex diputado general de Guipúzcoa, Joxe Joan González de Txabarri, hizo un "desacertada defensa y apoyo" del archivo, aunque destaca que su responsabilidad política "se sitúa en un plano diferente que en los casos anteriores".
Las conclusiones finalizan asegurando que la Diputación fue "pasiva en el tema de control de las incompatibilidades, por el que tenían que velar "todos los departamentos forales, liderados por el de Presidencia". "Las modificaciones en el sistema de funcionamiento de las oficinas y agencias tributarias se hicieron pensando en resolver problemas personales, consolidando un determinado estatus", concluye.