El "decretazo" impuesto por Griñán ni era urgente, ni era necesario

El mismo ha consistido, sobre todo, en la imposición arbitraria de unas decisiones igualmente arbitrarias que dejan malherida a la Administración andaluza, producen un elevado nivel de confusión de papeles entre agencias y departamentos administrativos y, de hecho, permite la entrada por la gatera de miles de trabajadores seleccionados por procedimientos lejanos a los administrativos en la Junta de Andalucía

El hecho fundamental que demuestra que el Decretazo no era urgente es su propia derogación. ¿Cómo podría derogarse algo que fuera de extrema urgencia y necesidad? Pues es de hecho lo que ha ocurrido ayer, aunque la Junta, en otra barbaridad jurídica según los expertos, no deroga formalmente el Decreto 5/2010 aunque lo sustituye por otro nuevo cuyo borrador puede leerse aquí.

Además, el hecho de que su tramitación vaya a efectuarse como Proyecto de Ley indica aún más a las claras que todo él y sus consecuencias podrían haberse evitado de haber optado desde el principio por la sana costumbre parlamentaria de hacer leyes y debatirlas antes que por la costumbre autoritaria del Decreto Ley.

Ya se aplican las novedades del plan de Griñán como decreto antes de que se debata como Proyecto de Ley

En un cacao jurídico sin precedentes, Mar Moreno admitía que "automáticamente" ejecutarán la norma "en toda su extensión", al tiempo que afirma que se va a tramitar como Proyecto de Ley. El problema es que la Junta afirma que el nuevo Decreto pactado con los sindicatos, aún no aprobado ni tramitado, se va a empezar a aplicar ya, cuando lo que se puede aplicar es el derogado en la práctica por el acuerdo con UGT y CCOO.

Quizá por ello, la Junta, cuenta El Mundo, ya otorga a su 'administración paralela' privilegios de los funcionarios. En concreto, el personal de IDEA, la agencia que tramitó la ayuda a la empresa de la hija de Manuel Chaves, se acoge ya a un complemento reservado para la Función Pública. Se trata de una indemnización que se aplica desde 1997 a los altos cargos que proceden de cualquier administración y que cobrarían más en su plaza que en el nuevo puesto político. El complemento personal equipara ese sueldo con el anterior con el fin de poder "fichar" a los mejores funcionarios para estos cargos públicos.

En la Ley de presupuestos que recoge este complemento se dice que "el personal designado para ocupar un cargo por el cual quede excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en virtud del artículo 3 de la misma, y que mantuviera en el momento del nombramiento una relación de servicio permanente con alguna Administración Pública, no podrá percibir retribuciones inferiores a las que pudieran corresponderle en el puesto de trabajo que desempeñaba en la Administración de origen. Cuando se diera esta circunstancia, se devengará un complemento personal obtenido por la diferencia retributiva, teniendo en cuenta para su cálculo todos los conceptos retributivos del puesto de origen, con exclusión de las gratificaciones por servicios extraordinarios y del cargo en que han sido designados, en cómputo anual". La novedad es que esas "indemnizaciones" se empiecen a aplicar a personal no funcionario, sino contratados en el entramado de más de 200 empresas, agencias y fundaciones públicas de la Junta de Andalucía.

María José Martínez Perea, ex delegada de Innovación, Ciencia y Empresa en Sevilla, ya va a cobrar este mes una "indemnización" de 22.000 euros por el tiempo que desempeñó este cargo, en el que cobraba menos que su puesto anterior como gerente de IDEA.

El PP pide a la Junta que precise el número de trabajadores que tiene la administración paralela 

EL PP andaluz ha solicitado en la Cámara andaluza que la Junta de Andalucía realice una memoria de personal en la que se precise el número total de funcionarios y empleados públicos con los que cuenta la Administración andaluza. La solicitud se encuentra inmersa entre las 592 enmiendas parciales a los Presupuestos andaluces por un volumen de 1.049 millones.

Rafael Carmona, el responsable del área económica del PP, explicó que es necesaria la "transparencia y el control" en el sector público, por lo que su formación también ha demandado vía enmiendas una mayor transparencia sobre la información presupuestaria del Gobierno andaluz. En sus enmiendas, el PP también solicita un mayor control presupuestario del Servicio Andaluz de Salud; que se aumente el respaldo a los ayuntamientos para que puedan hacer frente a los pagos pendientes; que se compense la deuda de la Junta con los entes locales; que se supriman las nuevas figuras impositivas para bolsas de plástico y depósitos bancarios.

Las enmiendas también contemplan la limitación de las retribuciones de los altos cargos y la aclaración del número de fundaciones públicas y cuántos trabajadores tienen, ya que "nada tiene que ver con lo que aparece en el Presupuesto y lo que señalan los informes de la Cámara de Cuentas".