L D (Agencias) El diario El País abrió este viernes su portada con el titular:"La Audiencia Nacional no prevé medidas cautelares contra Otegi". La pieza, firmada por Ernesto Ekaizer y Luis Rodríguez Aizpeolea, informaba de que "en un intercambio de impresiones" tanto el fiscal como el juez Grande Marlaska no apreciaban delito alguno en la presentación de la denominada "comisión negociadora".
Aduce la información a la ausencia de signos externos de un acto de partido: "no se hizo en nombre de Batasuna ni se exhibieron sus símbolos", dice la noticia de El País. Las fuentes que sostienen la información del diario de PRISA son "judiciales". Pero además de los datos que supuestamente emanan tanto del juez como del fiscal, la noticia de Ekaizer y Aizpeolea interpreta que: "Postular la negociación, con todo lo polémico que pueda resultar por parte de Batasuna, podría en este caso formar parte de la libertad individual de expresión". No es ese el criterio del juez Grande Marlaska que, horas después, amplía las imputaciones a Otegi y a los participantes en esa presentación.
El magistrado considera que los dos hechos citados, en relación con la entrevista concedida por miembros de ETA al diario Gara el pasado 14 de mayo, podrían ser constitutivos de amenazas "al hacer depender explícitamente, más que implícitamente, el cese de la violencia del frente militar de la organización terrorista de unos determinados factores, tratando de generar un temor racional en la sociedad, caso de sustraerse a la voluntad de quien materializa tales expresiones".
Vulneración de la suspensión de actividades
En un auto de tres páginas, el juez recuerda que los miembros de Batasuna han sido citados por haber vulnerado la suspensión de actividades que pesa sobre la organización al designar su nueva Mesa Nacional, que fue presentada el pasado 24 de marzo en el hotel Tres Reyes de Pamplona. Con posterioridad a dicho evento se han producido "nuevos hechos que 'ab initio', revisten los caracteres de delito y que aconsejan ampliar el contenido de esas declaraciones", según el juez.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se refiere a la constitución, el pasado miércoles de "una comisión de miembros que debería integrar lo que ellos entienden una Mesa de Partidos, tras la declaración de 'alto el fuego permanente' de la organización terrorista ETA" y de las manifestaciones desarrolladas en su presentación. Dice el juez que también deben tenerse en cuenta las declaraciones del jueves de Permach, donde hace referencia "a la necesidad de proceder en tal sentido, con el fin de garantizar dicha situación y sin concurrencia de interferencia alguna", como lo sería la adopción de medidas cautelares contra él y el resto de citados. Permach vinculó los hipotéticos encarcelamientos a un "bloqueo" del proceso de paz abierto tras el alto el fuego de ETA.
Todas estas circunstancias, más la entrevista en Gara, forman parte, según Grande Marlaska, de un "ideario común" que trata de hacer depender la situación de ausencia de violencia "de un concreto comportamiento de contrario por parte de los poderes legítimos del Estado y que constituye base histórica para poder verificar, indiciariamente, la comisión del delito de amenazas". A petición de la Fiscalía, el juez ha citado a Otegi a las cinco de la tarde del próximo día 31 junto con los dirigentes proetarras Jon Gorrotxategi, Karmelo Landa y Rufino Etxebarria, mientras que un día después serán interrogados Juan Cruz Aldasoro, Pernando Barrena, Joseba Permach y Joseba Álvarez.
Los imputados habrían incurrido en una reiteración delictiva al contravenir el auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 el pasado 17 de enero, que suspendió por dos años cualquier actividad de Batasuna dentro de la causa que investiga la financiación de ETA a través de las herriko-tabernas controladas por la organización ilegalizada. El juez considera que Batasuna "es el frente político institucional" de ETA y menciona la existencia de documentos incautados a miembros de la banda en los que se alude a la "socialización del conflicto" con la finalidad de "obligar al Estado a aceptar los fines inherentes a la actividad criminal desarrollada".
Un fiscal apartado del caso
En su comparecencia, además del juez y de los abogados de las acusaciones populares, estará presente el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, quien -según informaron hoy fuentes del ministerio público- se ha hecho cargo del caso después de que el fiscal que lo llevaba hasta ahora, Juan Moral, haya sido apartado del mismo. Las fuentes consultadas añadieron, no obstante, que la designación de Santos es "provisional" hasta que el próximo día 5 de junio el nuevo fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, mantenga una reunión con los fiscales a sus órdenes para asignarles los casos.
Moral fue el fiscal que, el 26 de mayo del año pasado, pidió el ingreso en prisión incondicional de Arnaldo Otegi -para quien el juez decretó prisión eludible bajo fianza de 400.000 euros- y que, cuatro días después, solicitó su procesamiento por un delito de integración en ETA. Sin embargo, el pasado 29 de marzo, cuando después de que el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, hubiera anunciado que se volvería a pedir el ingreso en prisión de Otegi el ministerio público terminó solicitando que se aumentara la fianza exigida, ya no fue Moral, sino Santos, quien representó a la Fiscalía en la comparecencia del portavoz abertzale.
Santos aseguró este viernes a los periodistas que la Fiscalía todavía no ha decidido si solicitará o no la imposición de alguna medida cautelar a los imputados citados la semana que viene, mientras que los abogados de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y de la asociación Dignidad y Justicia, que ejercen la acusación popular, avanzaron que pedirán el ingreso en prisión de varios de ellos. El letrado Juan Carlos Rodríguez Segura, de la AVT, dijo que pedirá prisión incondicional para los ocho, mientras que Joaquín Ruiz Infante, de Dignidad y Justicia, sólo dio por seguro que solicitará esa medida respecto de Otegi, Barrena, Permach y Alvarez. Este último abogado, además, pidió hoy al juez que, además de a estos ocho, cite a declarar como imputados al resto de los treinta miembros de la nueva Mesa Nacional de Batasuna.
Moral fue el fiscal que, el 26 de mayo del año pasado, pidió el ingreso en prisión incondicional de Arnaldo Otegi -para quien el juez decretó prisión eludible bajo fianza de 400.000 euros- y que, cuatro días después, solicitó su procesamiento por un delito de integración en ETA. Sin embargo, el pasado 29 de marzo, cuando después de que el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, hubiera anunciado que se volvería a pedir el ingreso en prisión de Otegi el ministerio público terminó solicitando que se aumentara la fianza exigida, ya no fue Moral, sino Santos, quien representó a la Fiscalía en la comparecencia del portavoz abertzale.
Santos aseguró este viernes a los periodistas que la Fiscalía todavía no ha decidido si solicitará o no la imposición de alguna medida cautelar a los imputados citados la semana que viene, mientras que los abogados de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y de la asociación Dignidad y Justicia, que ejercen la acusación popular, avanzaron que pedirán el ingreso en prisión de varios de ellos. El letrado Juan Carlos Rodríguez Segura, de la AVT, dijo que pedirá prisión incondicional para los ocho, mientras que Joaquín Ruiz Infante, de Dignidad y Justicia, sólo dio por seguro que solicitará esa medida respecto de Otegi, Barrena, Permach y Alvarez. Este último abogado, además, pidió hoy al juez que, además de a estos ocho, cite a declarar como imputados al resto de los treinta miembros de la nueva Mesa Nacional de Batasuna.