L D (Agencias) Grande-Marlaska mantiene a Rafael Díaz Usabiaga imputado en la causa por integración en ETA y se sustenta en las conversaciones que en febrero éste mantuvo con uno de los promotores de la plataforma electoral Aukera Guztiak sobre la necesidad de presentar una lista alternativa a la ilegalizada Batasuna a las elecciones al Parlamento vasco del pasado 17 de abril. Sin embargo, el juez puntualiza en el auto dictado este lunes que el contenido de las conversaciones telefónicas con las que se le acusan no son suficientemente explícitas para adoptar otra medida a la impuesta, libertad sin medidas cautelares, y que no han sido corroborados por otros medios de investigación.
En concreto, el auto afirma respecto a Usabiaga que mantuvo distintas conversaciones con personas conocidas como 'Txirri' y 'Juanjo', así como con (el presidente del Consejo Económico y Social vasco) Antton Lafont, siendo éste último uno de los promotores de aquella plataforma". El auto continúa diciendo que "en dichas conversaciones se hace referencia a la necesidad de presentar una alternativa a la ilegalización, incluso se llega a hablar de 'listas blancas y sucias'; pero sin que al momento actual, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción, quepa concretar la participación probable y real de Díez Usabiaga."
Mientras, Elisabet Zubiaga, miembro de la Mesa Nacional de HB y presunta responsable de EKIN (sucesora de KAS), está imputada por colaboración con banda armada. Para ella el juez sí que ha decretado medidas cautelares, que consisten en comparecencias los días 1 y 15 de cada mes en el Juzgado más próximo a su domicilio, no podrá abandonar España sin autorización judicial y deberá comunicar cualquier cambio de residencia.
En concreto, el delito que le imputa el juez, según el auto, estaría "materializado en la intervención directa tendente a vencer el ciclo de ilegalización de la izquierda abertzale en los parámetros diseñados por el entramado ETA-Batasuna" y destaca la conversación mantenida el 20 de octubre de 2004 con el miembro de ETA Jorge García Sertucha, en la que le hablaba de la creación de una "lista blanca" para burlar la ilegalización de Batasuna. Además, señala que Zubiaga intervino en la captación de miembros de AG, al igual que otras personas de Batasuna.
Un ciudadano más
El pasado 18 de marzo el juez Grande Marlaska remitió a la Fiscalía General del Estado un auto con cinco indicios contra Aukera Guztiak. Entre ellos aparecía una conversación mantenida entre Díez Usabiaga y el presidente del Consejo Económico y Social vasco Antton Lafont.
Usubiaga negó durante su comparecencia cualquier relación con la constitución de Aukera Guztiak y el PCTV, pero se negó a contestar sobre las conversaciones al considerar que su intervención fue ilegal, al unirle a su interlocutor una relación personal. En declaraciones a los periodistas al término de su declaración, Usabiaga también negó su pertenencia a Batasuna y dijo haber explicado al juez que en el año 2000 su sindicato aprobó un régimen de incompatibilidades que le impediría ostentar cargos políticos.
El dirigente sindical precisó que asistió al acto en el que se dieron a conocer los resultados electorales de PCTV como un ciudadano más. Añadió que el juez Baltasar Garzón instruyó una causa contra él en los años 1996-1997 que finalmente fue sobreseída. A raíz de este procedimiento, en el año 2000, el sindicato aprobó dicho régimen de incompatibilidades, lo que utilizó para desvincularse de Euskal Herritarrok y Batasuna.
Fuentes jurídicas presentes en la declaración señalaron que Usabiaga se negó a responder al representante de la AVT, que ejerce la acusación popular. Según las mismas fuentes, el fiscal no le hizo ni una sola pregunta, y en la comparecencia celebrada después de su declaración tampoco solicitó la adopción de medidas cautelares.
La estrategia de la 'lista blanca'
La segunda imputada en comparecer, Elisabet Zubiaga, fue interrogada en relación con la conversación que mantuvo con el preso etarra Jorge García Sertucha en la que se citó la "lista blanca" que se estaba preparando para concurrir a las últimas elecciones celebradas en el País Vasco. La conversación de 20 de octubre de 1994 entre Zubiaga y García Sertucha -condenado a 109 años de prisión, junto con Juan José Rego Vidal e Ignacio Rego Sebastián, por intentar atentar contra el Rey el 13 agosto de 1995-, fue otra de las pruebas utilizadas en el proceso abierto para ilegalizar Aukera Guztiak (AG), al igual que las conversaciones realizadas por Díez Usabiaga.
Para el juez, "los indicios racionales de criminalidad en su persona son harto explícitos", al contrario de lo que sucedía con Usabiaga, por lo que se habrían dictado las medidas cautelares ante un delito de colaboración con banda armada. Fuentes jurídicas indicaron que durante su declaración negó cualquier vinculación o haber participado en la formación de la plataforma Aukera Guztiak.
En la llamada telefónica mantenida entre Zubiaga y García Sertucha, "ya se define la estrategia que se vislumbra para las próximas elecciones autonómicas, conformando sendas listas, una con personas relacionadas con el entorno de Batasuna, cuya ilegalización sería obvia, y otra 'lista blanca'", indicaba el auto que el juez Grande-Marlaska envió a la Fiscalía General del Estado con indicios sobre la vinculación de AG con Batasuna.
Según las investigaciones realizadas, Elizabet Zubiaga mantuvo otra conversación el pasado 4 de marzo con Marije Rodríguez de Lena, portavoz de Aukera Guztiak. En la misma se habló sobre actos de esta plataforma y se hizo referencia asimismo a Eusebio Lasa, miembro de la última Mesa Nacional de Batasuna antes de ser ilegalizada. La imputada, sin embargo, no reconoció la conversación con el etarra y se negó también a responder al letrado de la AVT, Juan Carlos Rodríguez Segura.
"Persecución política"
Díez Usabiaga pidió a la salida de la Audiencia Nacional que "se termine esta etapa política", en la que "personas de Euskal Herria tienen "que pasar por esta Audiencia Nacional con imputaciones por sus actividades sociales, sindicales o políticas". El representante sindical consideró las últimas actuaciones judiciales contra el PCTV y contra él mismo como "actos de persecución política" y "actitudes del pasado, que no van en sintonía con las posibles pretensiones y discursos de determinados dirigentes, como hace unos días el señor Zapatero, que declaró construir un escenario de paz".
Mientras, la vicesecretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, decía no entender "cómo se pueden hacer declaraciones en función de las nuevas oportunidades políticas que presenta este curso y que empiece con repeticiones de una estrategia del pasado", como citarles a declarar, en lo que, en su opinión, supone "una vulneración de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos de Euskal Herria". En ese sentido, le preguntó "al señor Zapatero", cuál es el protagonismo que le va a dar a la Audiencia Nacional "en la política que va a desarrollar hacia Euskal Herria". "No entendemos que sea compatible hacer discursos sobre avanzar hacia la paz y seguir gestionando estrategias del pasado, fruto de la Ley de Partidos y del Pacto Antiterrorista", aseveró.