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Gorka Aguirre denuncia a Grande Marlaska por filtraciones en las diligencias del sumario contra la extorsión de ETA

El dirigente del PNV Gorka Agirre, imputado por el juez Fernando Grande-Marlaska en el sumario contra la red de extorsión de ETA desarticulada en mayo pasado, ha presentado una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra este magistrado por las filtraciones de las diligencias instruidas. Los abogados del imputado presentaron la denuncia el pasado lunes, al entender que la revelación de las actuaciones sumariales declaradas secretas pueden ser constitutivas de varias faltas disciplinarias muy graves.

L D (EFE)
Según dice la plataforma de apoyo al peneuvistaGorka Aguirre, el texto de la denuncia hace un repaso cronológico de las actuaciones referidas a Gorka Agirre y las filtraciones aparecidas en los medios de comunicación, desde que se acordara la prorroga del secreto de las diligencias previas 86/98 el 21 de junio pasado.

En la mañana del pasado lunes los abogados de Agirre, Arantza Isasmendi e Ibon Gainza, presentaron una denuncia ante máximo órgano de gobierno de los jueces contra el que fuera juez sustituto del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional durante la ausencia de Baltasar Garzón, al entender que ha incurrido en "revelación del secreto de las actuaciones sumariales declaradas secretas" que podrían ser constitutivos de "faltas disciplinarias muy graves".

 
El texto hace un repaso cronológico de las actuaciones judiciales referidas a Gorka Agirre "y las filtraciones previas aparecidas en los medios de comunicación, desde que se acordara la prórroga del secreto de las diligencias previas 86/98 el 21 de junio pasado". Además, destaca que, antes de que el burukide fuera citado a declarar, "ya habían sido publicadas citas entrecomilladas de conversaciones telefónicas intervenidas, transcripciones de escuchas, fotografías de los seguimientos o la propia citación", antes de que tuviera conocimiento de ella el imputado.
 
La denuncia también ha explicado que el día 26 de junio Gorka Agirre recibió la notificación de su citación como imputado y ese mismo día se personó en la causa, solicitando sus abogados conocer las actuaciones. Por su parte, la providencia de respuesta admite los personamientos, pero le dice que les podrá dar "vista de lo actuado, cuando el estado de la causa lo permita", sin que en ese momento procesal se le notificara la existencia de 'secreto sumarial'.
 
La defensa ha añadido que el día 27 de junio Grande Marlaska impidió a los letrados personados en la causa, asistir a las declaraciones testificales, entre ellas la de Xabier Arzalluz, "con el peregrino argumento de que la causa está secreta y cuando se dicte una nueva prórroga del secreto ya se les notificará". Los abogados aseguran que "aquí hacemos las cosas así. Y ustedes tienen otra ley de enjuiciamiento".
 
En el escrito, Isasmendi y Gainza afirman que, "con independencia de la posible nulidad de la que adolezcan las mentadas pruebas testificales, cuestión esta ajena a las funciones de este Consejo, lo cierto es que dicha actuación supone una grave desconsideración a los letrados intervinientes, y una grave indefensión al que suscribe". A juicio de la defensa de Gorka Agirre, "las revelaciones del secreto sumarial podrían constituir una falta muy grave, tal como está recogida en el artículo 417-12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sobre "la revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona".
 

Además, han asegurado que, en su defecto, ésta podría suponer también una falta grave recogida en el artículo 418-8 de la LOPJ, además de otras recogidas en este mismo artículo. También considera que podría haber incurrido en una falta leve del artículo 419-2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prevé "la desatención o desconsideración con iguales o inferiores en el orden jerárquico, con los ciudadanos, los miembros del Ministerio Fiscal, médicos forenses, abogados y procuradores, graduados sociales, con los secretarios o demás personal que preste servicios en la Oficina judicial, o con los funcionarios de la Policía Judicial".

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