Gorka Agirre declara que "jamás" medió con ETA en los pagos de la extorsión

L D (Agencias) El ex dirigente nacionalista, sobrino del lehendakari en el exilio José Antonio Agirre, negó su relación con la banda terrorista y señaló que cuando algún empresario se dirigía a él para pedirle consejo verificaba la autenticidad de las cartas y les recomendaba que no pagasen la extorsión, que no cediesen al chantaje y que ni siquiera acudiesen a las citas con ETA. A los empresarios afiliados al PNV incluso les recordaba que el pago a ETA era motivo de expulsión.

  

Según su abogada, Arantza Isasmendi, Agirre reconoció haber atendido a los industriales amenazados por ETA pero únicamente porque, debido a los años que había vivido en el sur de Francia, "conocía a mucha gente" y tenía numerosos contactos con ex militantes de la organización terrorista.

 

Los indicios que existen contra Agirre consisten en una serie de grabaciones en las que supuestamente aparecía saliendo del bar Faisán de Irún, en el que presuntamente se realizaban las entregas a ETA, ocultando unos bultos bajo su ropa.

 

La Policía también cuenta con conversaciones telefónicas en las que supuestamente hablaba de la entrega de una serie de botellas de vino, lo que, según los expertos en la lucha antiterrorista, podría ser una comunicación en clave sobre un pago de 54.000 euros. Sobre este extremo, el imputado negó haber protagonizado estas conversaciones e incluso se mostró dispuesto a realizar una prueba de voz para demostrarlo. "Gorka no tenía nada que ver con ese dinero, nunca ha aconsejado a ningún empresario de Euskadi ni de ningún otro sitio que pagara", dijo su letrada.

 

La Fiscalía mantiene que, si existen indicios que apoyen la imputación de Aguirre, el fiscal encargado del caso, Carlos Bautista, promoverá el procesamiento. No obstante, el posicionamiento definitivo no se producirá, como es lógico, hasta que tengan lugar todas las declaraciones. En la causa se encuentran también personados como acusación popular la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ).

 

  

Ante el tribunal también compareció como testigo el empresario José Ramón Araolaza, que aseguró haber acudido a Agirre por el apoyo que le prestó cuando ETA mató a su cuñado por no ceder a su chantaje terrorista y secuestró a su socio, en 1985. En este sentido, indicó que el ex dirigente del PNV confirmó la autoría de la carta por parte de la organización terrorista y le recomendó que se pusiera en contacto con la Ertzaintza.

 

La estrategia diseñada por la defensa para modificar la situación de Agirre en esta causa incluye la declaración en calidad de testigos del ex presidente del PNV Xabier Arzalluz; el actual presidente de esta formación, Iñigo Urkullu; y el responsable de este partido en Guipúzcoa, Joseba Egibar; que comparecerán en descargo de su compañero de partido el próximo lunes, día 19.

Al día siguiente declarará ante el juez el dueño del bar 'Faisán', Joseba Elosúa, que también está imputado en la causa junto a otra veintena de personas. También comparecerán como testigos los hermanos Gorka y Ander Landaburu y el parlamentario del PNV José Antonio Rubalkaba.

 

 

Garzón abrió en 1998 un sumario genérico en el que se investigaba al aparato de extorsión de la banda terrorista. La instrucción relativa al aviso telefónico que truncó una operación policial contra el entramado financiero en mayo de 2006, conocida como "caso del chivatazo", quedó vinculada a esta causa en un inicio como pieza separada.

  

El sumario original ha quedado posteriormente divido en tres instrucciones diferenciadas, a cargo todas ellas del juez Garzón. La primera de ellas se centra en el envío de cartas de extorsión por parte de ETA a empresarios vascos y a los pagos efectuados por estos en el bar Faisán, que afecta al peneuvista Aguirre.

  

La investigación de cuentas bancarias de Elosúa en paraísos fiscales europeos y "el chivatazo" constituyen los dos sumarios restantes. Además, la Fiscalía analiza ahora la documentación que consta en la causa inicial con objeto de determinar si solicita al magistrado una nueva división que separaría en este caso las pesquisas sobre las cartas de las que se practiquen en el bar Faisán.