Garzón reniega de sus propias tesis y desvincula a la "izquierda abertzale" de ETA y Batasuna

L D (Agencias) El juez Baltasar Garzón rechazó procesar a Arnaldo Otegi por la rueda de prensa que ofreció tras el atentado de Barajas. El magistrado considera que no cometió un delito de desobediencia pese a que mencionó el nombre de la formación ilegal en la rueda de prensa. En el auto que hizo público este viernes, aduce que "criminalizar a la izquierda abertzale por el sólo hecho de afirmar que son Batasuna y ETA es una reducción simplista, no ajustada a la realidad y, en todo caso, sin justificación probatoria(...) y contradice abiertamente el artículo 24.2 de la Constitución".

 

Afirmó que Otegi, al igual que el resto de imputados en la causa que él tramita contra Batasuna-ETA, como Pernando Barrena o Joseba Permach, "pueden participar en cualquier acto con tal de que el acto no esté auspiciado o convocado, directa o indirectamente, por alguna de las organizaciones suspendidas o declaradas ilícitas, o aquellos no actúen en nombre o representación de éstas", puesto que por su militancia en Batasuna-ETA "no tienen suspendidos sus derechos civiles o políticos".

 

Nada impide, por tanto, que Otegi y el resto de batasunos desarrollen su actividad política "sin más límite que el marcado por la ley y con igualdad de armas con los demás". "Ni la coincidencia de eslóganes, ni la defensa de similares postulados ideológicos puede actuar como límite –agregó el juez–. Sólo si se aportaran pruebas que evidenciaran la integración en la estructura terrorista podría tomarse una decisión en sentido restrictivo".

 

En la parte dispositiva de su auto, y en consonancia con la postura del Ministerio Fiscal, el juez declaró que la denominada "izquierda abertzale" es una organización o movimiento que "está fuera de este procedimiento, a no ser que se instrumentalice, y se acredite así, por Batasuna, a sus propios fines".

 

 

El auto de este viernes del magistrado contradice totalmente la tesis con la que vienen trabajando desde hace años la Audiencia Nacional y el propio Baltasar Garzón, según la cual la "izquierda abertzale o Movimiento de Liberación Nacional Vasco" fue creado por ETA para buscar la independencia en "el frente cultural, político y obrero". Es más, así lo recoge el propio Garzón en sus sumarios, por ejemplo, contra ETA-Ekin o la suspensión de actividades de Batasuna.

 

En este último sumario, afirma entre los hechos probados que "la organización terrorista Euskadi ta Askatasuna, conocida por las siglas ETA, como fruto de su “desdoblamiento” y posterior reestructuración en cuatro frentes de lucha: militar, cultural, político y obrero, y para facilitar su acción criminal que persigue la independencia del País Vasco (español y francés) y Navarra, a través del ejercicio de la violencia, crea en 1974 el llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco o Izquierda Abertzale, aparentemente desvinculada de ETA".

 

Bajo esta certidumbre, se ilegalizó en los últimos años a las estructuras políticas de ETA (HB-EH-Batasuna, así como a sus sucesoras Herritarren Zerrenda (HZ), Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB), Aukera Guztiak (AG) o dos centenares de plataformas electorales locales), la estructura de apoyo a los terroristas encarcelados (Gestoras Pro-Amnistía, Askatasuna), a las juventudes de Batasuna-ETA (Jarrai-Haika-Segi) o se abrieron los sumarios contra ETA-Ekin, Xaki, 18/98, Orain-Egin, Egunkaria y las herriko tabernas, entre otras actuaciones.

 

 

 

Gómez de Liaño, en relación con la decisión de la audiencia en el caso De Juana, explicó que la decisión del juez Guevara de llevarlo al Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia "está prevista en la Ley de enjuiciamiento criminal que contempla esa hipótesis ante asuntos de gran trascendencia", y, en opinión de Liaño en este caso "merecía la pena". Para Liaño la decisión de no conceder la libertad condicional a De Juana "no sólo es ajunta, sino también ajustada a Derecho". Explicó que se ha querido "confundir al personal", ya que la "prisión atenuada" en caso de prisión preventiva está "muy claramente regulado en el artículo 508.1 de la Ley de enjuiciamiento criminal,  en caso de grave enfermedad que ponga en peligro la vida del preso" y "este no es el caso es una huelga de hambre".