Garzón procesa a 21 miembros de Segi y les impone una fianza de un millón de euros

L D (EFE) En un auto notificado este lunes, Garzón también imputa a veinte de los procesados –a todos menos a uno que era menor de edad cuando ocurrieron los hechos– 46 delitos de terrorismo por vía de inducción por otros tantos actos de terrorismo callejero, que produjeron daños valorados en 1.007.556,24 euros, cantidad de la que deberán responder "conjunta y solidariamente" los miembros de Segi.

La conducta de los procesados, según el juez, puede considerarse "una inducción directa y suficiente con alcance penal", ya que como responsables de Segi convocaron los actos "que después, ejecutados por militantes de la misma (organización) que responden en su actuación a los criterios de subordinación y jerarquía de la organización ETA en la que se integran, producen cuantiosos daños". El auto añade que "tal inducción va directa y especialmente dirigida a conseguir ese efecto, y ningún otro diferente, a la vez que podía haberse evitado con la sola decisión de no convocar o de indicar que cesara".

El magistrado sostiene que Segi es la sucesora de la también ilegalizada Jarrai-Haika y que, como ésta, "mantiene una dependencia estructural y funcional" respecto de ETA-EKIN, "realiza convocatorias de actos y movilizaciones que suponen graves alteraciones de la normalidad ciudadana" y utiliza "como bases operativas" la red de "herriko tabernas" de Batasuna. Garzón dice que "la realización de las actividades de violencia callejera por Segi obedecían al diseño estratégico del frente armado de ETA como complemento a las acciones armadas del mismo: el aumento o disminución de la intensidad de dichas acciones (...) era controlado por dicho frente armado a través de EKIN y su ejecución reivindicada internamente por ETA" en su boletín "Zutabe".

El juez recuerda, además, que en julio del año pasado ya declaró la responsabilidad civil de Batasuna por estos hechos, ya que dio cobertura y apoyo logístico a Segi "prestando sus sedes y otros medios" a los responsables de la organización juvenil. Por ello acuerda "elevar atenta exposición razonada a la Sala Especial del Tribunal Supremo que declaró la ilegalidad de HB-EH- Batasuna y Sozialista Abertzaleak, dando cuenta de la pieza de responsabilidad civil de este sumario (...) a efectos de su posible aplicación en el proceso de liquidación del patrimonio abierto en el procedimiento que tramite".

Tres de los 21 procesados este lunes, Haritza Galarraga, Amaia Rekarte e Ives Machicotte, son de nacionalidad francesa, y contra ellos pesa una orden de busca y captura internacional, al igual que contra otros tres: Garikoitz Mujika, Aitor Elizaran y Zigor Ruiz Jaso. Otros dos, Jon Markel Ormazabal y Oier Oia Pujol -que cumplió los 18 años el 3 de marzo de 2002, por lo que sólo se le pueden imputar los actos producidos a partir de esa fecha- están en libertad provisional, mientras que el resto permanece en prisión. Se trata de David Lizarralde, Aiboa Casares, Iker Frade, Ainara Frade, Aitziber Pérez Blanco, Xabier Abasolo, Unai González Azua, Gorka Betolaza, Asier Otxoa de Retana, Arkaitz Martínez de Albéniz, Asier Iñigo Egizurain, Xabier Gogenola y Eneko Aizpuru.