Fuentes jurídicas han informado de que el magistrado ha adoptado esta decisión después de tomarles declaración indagatoria este martes para comunicarles su procesamiento, decretado el pasado 17 de julio, y en contra del criterio del fiscal que solicitó su ingreso en prisión.
Según el auto por el que el juez ordena la libertad, Garzón ha tenido en cuenta el hecho de que Erauskin "tiene a su cargo a dos personas en situación médica delicada" y Berasategi "está jubilada y sin aparente actividad actual relacionada con los hechos".
El magistrado añade que no aprecia que exista un riesgo inminente de fuga ya que "han comparecido voluntariamente cuando han sido llamadas" y "la actividad que dio base a los hechos que se le imputan quedó interrumpida en julio de 2009".
Las dos ex diputadas acudieron este martes a la Audiencia Nacional junto al presidente de la formación ilegalizada, Juan Carlos Ramos, y a los tesoreros, Jesús María Aguirre y Sonia Jacinto, por citación del magistrado que debía comunicarles durante la mañana su procesamiento por estos hechos.
Durante la declaración indagatoria, los fiscales Dolores Delgado y Vicente González Mota solicitaron al juez el encarcelamiento de Erauskin y Berasategi, petición a la que se adhirió la asociación Dignidad y Justicia, personada como acusación popular.
Además, Garzón justifica la fianza de 60.000 euros impuesta a cada una de las dos parlamentarias y asegura que la cantidad se ha fijado en función de la responsabilidad que ostentaban las procesadas en el PCTV, la disposición que hicieron de los fondos del grupo parlamentario al que pertenecían y que servía en beneficio del "complejo terrorista" liderado por ETA.
En un auto dictado el pasado 17 de julio, Garzón consideraba "acreditado" que el PCTV constituye "una de las marcas que Batasuna utiliza en función del interés que convenga al complejo terrorista liderado por ETA" y que a partir de 2005 fue "instrumentalizado" por la Mesa Nacional de esta organización para "continuar la acción delictiva diseñada por ETA/EKIN/Batasuna a través del frente institucional de aquel complejo terrorista".
Entre las pruebas que citaba el juez en el auto de procesamiento, constaba que los responsables de Batasuna "consiguieron, fundamentalmente a través de PCTV, disponer de 837.00 euros, con los que contribuyeron al sostenimiento del entramado político de la organización terrorista, gracias a la presencia en las instituciones democráticas".