L D (Europa Press) El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón comunicó este viernes a la Delegación de Gobierno en Navarra que la manifestación convocada para este sábado en Alsasua, bajo el lema "Euskal Herria tiene la palabra y la decisión", no entra en el ámbito de suspensión de actividades que pesa sobre la ilegalizada Batasuna-ETA, por lo que podrá celebrarse. En el mismo auto, advierte a los responsables de esta formación que se abstengan de celebrar asambleas porque con ello podrían incurrir en responsabilidades penales.
Garzón tomo su decisión tras estudiar los informes policiales e interrogar como imputados a la convocante de la manifestación, Blanca Esther Arregui Mendía y al responsable orgánico de Batasuna-ETA, Juan Cruz Aldasoro, contra quienes no adoptó ninguna medida cautelar. No obstante, dispone en su auto que las Fuerzas de Seguridad del Estado actuarán si se exhiben carteles o símbolos de la formación ilegal.
También tomó declaración como testigo al concejal Mikel Galarza, ex candidato de Herri Batasuna, quien ha reservado a su nombre, también para el sábado, un local en un centro cultural Alsasua, si bien el magistrado concluye que la posible celebración en dicho lugar de una Asamblea Nacional Batasuna "ha quedado neutralizada".
Galarza manifestó ante el juez, según fuentes jurídicas, que el motivo de la reserva es una reunión de la mancomunidad de los cerca de quince municipios que integran la comarca navarra de la Sakana, que tienen previsto celebrar unas jornadas sobre "normalización lingüística e inmigración".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 da por buena esta explicación, en principio, si bien requiere a quien tiene responsabilidad en la reserva de los locales que, en el caso de celebrarse una Asamblea Nacional de Batasuna-ETA en los mismos, "adopte las medidas adecuadas para impedirla, vista la coincidencia de fechas y situación planteada".
Concretamente, el juez requiere a Galarza "con apercibimiento de incurrir en un delito de colaboración con organización terrorista", que se abstenga de participar o facilitar medio alguno para la celebración mañana una Asamblea Nacional de Batasuna-ETA en los locales culturales de Alsasua.
Igualmente, Garzón requiere a la abogada de la organización Jone Goirizelaia que "Batasuna o cualquier persona en su nombre se abstenga de celebrar una Asamblea Nacional o extraordinaria" en el día de mañana en Alsasua, habida cuenta de que ésta "estaría fuera de la legalidad con apercibimiento de que tal hecho podrá llevar aparejadas responsabilidades penales" para sus convocantes.
Manifestación
Con respecto a la manifestación, el magistrado requiere a la Policía y a la Guardia Civil a que procedan contra los responsables que quebranten los límites de la autorización, "que en todo caso veta la aparición de cualquier tipo de símbolo, carteles, apoyos, lemas o pancartas vinculantes directa o indirectamente con Batasuna".
Sobre Blanca Esther Arregui, Garzón señala que no consta que tenga relación orgánica con Batasuna-ETA, y recuerda que el hecho de que los convocantes hayan estado históricamente vinculados a HB "no es razón suficiente para impedir la celebración de un acto que, en principio, no presenta elementos para vincularla con Batasuna".
La única conexión, según reconoce el magistrado, es la presencia en la rueda de prensa de convocatoria del presunto responsable orgánico de Batasuna-ETA, Juan Cruz Aldasoro, quien durante su interrogatorio se limitó a expresar su apoyo a la marcha a título personal como "militante de la izquierda abertzale" desde hace 18 años.
Garzón, ante la "indefinición" del citado título identificativo (izquierda abertzale), se limita a ordenar a Aldasoro que se abstenga de "comparecer como convocante" de la manifestación debiendo comprometerse a presencia judicial en este sentido.
De esta forma, según el juez, se conjuga el derecho de expresión y manifestación que consagra el artículo 21 de la Constitución Española con la suspensión judicial acordada sobre Batasuna-ETA en la causa en la que se investiga la posible financiación de ETA a través de la red de 'herriko-tabernas' controladas por esta organización.
Finalmente, y de forma general, Garzón advierte a los responsables de la formación ilegalizada que podrían incurrir en delito en el caso de que se constate su relación con la marcha, "ya mediante la concurrencia con símbolos, pancartas diferentes a las autorizadas, ya con discursos o intervenciones asumiendo relación o responsabilidad de Batasuna en el acto".
Recurso de Dignidad y Justicia
Garzón ha realizado estas diligencias a raíz de la presentación en su Juzgado de sendos escritos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y de Dignidad y Justicia denunciando la manifestación.