Garzón aplica una generosa rebaja de la fianza a Otegi y supera lo que pedía el fiscal

L D (Europa Press) El juez rebajó a 50.000 euros la fianza de 650.000 que permitió al dirigente de Batasuna-ETA, Arnaldo Otegi, eludir la prisión preventiva como imputado en el sumario en el que se investiga la presunta financiación de ETA a través de la red de Herriko-tabernas controladas por la organización ilegalizada.

 

La Fiscalía informó a favor de rebajar esta fianza a 200.000 euros, tras la petición realizada por la defensa del dirigente batasuno. El informe del Ministerio Público, suscrito por el nuevo fiscal Bautista, a quien ha sido asignado recientemente a este caso por orden del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, indicó que actualmente se han visto "atenuadas" las circunstancias que provocaron la imposición de la fianza, que se acordó que fuera de 400.000 euros en mayo de 2005 y se aumentó en 250.000 euros en marzo de este año, por orden del juez Fernando Grande-Marlaska.

 

Pese a la sustancial rebaja de la fianza solicitada por la fiscalía, Garzón decidió rebajarla aún más y fijarla en tan sólo 65.000 euros, un diez por ciento de la que estaba estipulada. "Si bien la medida de fianza pudo estar justificada en su momento para paliar el riesgo de sustracción a la acción de la justicia y la reiteración delictiva (...), lo cierto y verdad es que después de los meses transcurridos y varios permisos de salida del territorio nacional, no ha incumplido ninguno de ellos", dice Garzón para justificar por qué cree que no hay riesgo de fuga.

El auto añade que las fianzas deben ser ajustadas a la capacidad económica de quienes deben prestarlas, y añade que en este caso "es notorio que (Otegi) no llega a cubrir los gastos que origina una fianza de esta envergadura". Tampoco cree Garzón ajustada la fianza de 650.000 euros a la responsabilidad del procesado y a la naturaleza del delito, y estima que deben tenerse en cuenta "los antecedentes del sujeto enfocados en una mayor o menor facilidad para eludir la acción de la Justicia".

"La presencia del procesado en el juicio, al menos hasta el momento presente, está garantizada, y, por ende, la suma que propugna el solicitante y la que marca el Fiscal, son insuficiente y excesiva respectivamente, considerándose adecuada la suma de 50.000 euros", concluye el juez.

 

 

Garzón citó también a declarar como imputadas por un supuesto delito de colaboración armada a las batasunas Marije Fullaondo, Maite Díaz de Heredia y Ainara Armendáriz. Se les imputa este delito por participar en los actos políticos que se desarrollaron tras las marchas celebradas en Bilbao, Vitoria, San Sebastián y Pamplona el pasado 30 de septiembre bajo el lema "Euskal Herria autodeterminazioa".

 

La citación como imputadas se enmarca dentro del sumario 35/02 de suspensión de actividades de Batasuna-ETA y se basa en las intervenciones de las tres proetarras en los actos finales que se celebraron tras las marchas de Bilbao, Vitoria y Pamplona. Armendáriz, Díaz de Heredia y Fullaondo han sido citadas para el 31 de octubre a las diez de la mañana. Ese mismo día ha sido llamado a comparecer, Marcelo Álvarez, para declarar en calidad de testigo.

 

Las manifestaciones celebradas el pasado 30 de septiembre en las capitales vascas y en Pamplona fueron autorizadas por Garzón porque, según él, no constaba que los convocantes tengan "relación orgánica" con el brazo político de ETA. Todo ello a pesar de que ocho de los convocantes eran dirigentes de Batasuna-ETA: Marije Fullaondo (cabeza de lista de Herritarren Zerrenda a las elecciones europeas de 2004), Txomin Ziluaga (ex miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna hasta su expulsión en 1988, regresó a la estructura con la fundación de Eurkal Herritarrok), Patxi Urrutia (miembro de la Mesa Nacional de Batasuna), Izaskun Larreategi (miembro histórico de HB y ex deportada de ETA en Guatemala), Inaxio Agirre (portavoz de Autodeterminaziorako Bilgunea –AuB-), Julen Calzada (arrestado por Garzón en la operación antiterrorista contra el diario Egin, fue cabeza de lista de Autodeterminaziorako Bilgunea –AuB- en las elecciones forales de 2003), Amparo Lasheras (candidata de Gasteiz Izan en las elecciones municipales de 2003), y Espe Iriarte (ex concejal de Batasuna en Pamplona y cabeza de lista de Iruña Berria en las elecciones municipales de 2003).

 

"Queda meridianamente claro que los responsables de Askatasuna (...), siguiendo instrucciones de los responsables del complejo terrorista, o de motu proprio, han decidido volver a la actividad orgánica que había desaparecido, y que ahora retoman con ánimo de presionar con actitud provocativa y desafiante al Estado de Derecho, a las instituciones y, en particular, al Poder Judicial", dice.

Según Garzón, ésta es una cuestión "que no se debe ni se puede pasar por alto, dado que se trata de actos proclamados, diseñados y ejecutados por una organización terrorista, como así están declaradas Gestoras pro Amnistía y Askatasuna por la Unión Europea".