Francia condena a los jefes de ETA Antza y Anboto a 20 años de cárcel

Albisu e Iparraguirre (ambos de 49 años) tendrán que pasar como mínimo dos tercios de esos 20 años en la cárcel antes de poder solicitar un beneficio penitenciario y, al terminar la pena, serán expulsados de Francia de forma definitiva, según la sentencia.

El veredicto de este viernes, aunque sensiblemente inferior a los 30 años solicitados por la fiscalía (el máximo posible por los cargos por los que estaban imputados, en particular el de dirigentes de una organización terrorista), se suma a los tres dictados contra "Anboto" en Francia, de cinco años cada uno.

Además, la justicia francesa ha dado su visto bueno a su extradición a España, donde tiene cuentas pendientes por su pasado como presunto miembro de comandos con delitos de sangre a sus espaldas.

Ella y "Antza" fueron detenidos el 3 de octubre de 2004 en una casa de Salies de Béarn (suroeste de Francia) en la que, según el representante del ministerio público Jean-François Ricard, por primera vez en Francia se requisaba a ETA "tal masa de documentos y de ese nivel".

Unos documentos que, de acuerdo con el análisis de Ricard, probaban que Albisu formaba parte del comité ejecutivo de ETA –máximo órgano de decisión de la banda– y era el jefe del aparato político desde hacía más de una decena de años.

Por eso tenía, entre otras cosas, una cronología que iba desde mediados de 2004 y hasta 2012 con diferentes fases para llegar en esa última fecha a la autodeterminación del País Vasco, después de haber realizado una hipotética negociación con el Gobierno español y de una declaración de tregua.

Este viernes, "Antza", cuando el tribunal le dio la palabra por última vez, se mostró desafiante y, tras los habituales argumentos de que ETA tiene la mano tendida y de que son los Estados español y francés los que no quieren una solución al "conflicto", dijo a los jueces: "no les pedimos nuestra libertad, pero exigimos la libertad del País Vasco".

En el caso de "Anboto", la acusación consideró probado que era la "jefa del aparato financiero" de la organización terrorista, pero que desde ese puesto, además, estaba "directamente implicada" en las operaciones de extorsión a empresarios para el cobro del llamado "impuesto revolucionario".

El tribunal impuso una pena de 17 años de cárcel y al menos dos tercios de cumplimiento efectivo a Juan Cruz Maiza Artola, como responsable de los escondites en que ETA tenía sus arsenales de armas y explosivos.

Los otros siete condenados son precisamente propietarios de edificios ubicados en el País Vasco francés donde estaban almacenados algunos de esos arsenales y que fueron descubiertos con la ya famosa operación policial del 3 de octubre de 2004.

Peio Alcantarilla Mozota fue condenado a diez años de prisión, José Ramón Arano Urbiola y José Negrete Ortega a ocho años cada uno, Xavier Oxarango a cinco, Robert Arrambide y Lourdes Urdampilleta a cuatro y Myriam Incaby a tres.

Oxarango, Arrambide, Urdampilleta e Incaby, que comparecieron libres durante el proceso, no tendrán que volver a la cárcel, teniendo en cuenta el tiempo que pasaron en prisión preventiva y que a todos ellos los jueces les concedieron dos años exentos de cumplimiento, siempre que en los próximos cinco no vuelvan a recibir ninguna pena.

Este macrojuicio, iniciado el pasado 15 de noviembre, ha estado salpicado de incidentes, como el abandono de la audiencia un día por parte de los principales acusados, en protesta por que no acudían a declarar dos testigos a los que había citado la defensa.

Se trataba del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y de la forense española Leonor Ladrón de Guevara, a los que los abogados de los etarras querían preguntar sobre las supuestas torturas de las que la organización terrorista acusa sistemáticamente a las fuerzas del orden españolas.