Para que una persona pueda ser declarada demente hace falta una sentencia judicial en tal sentido. Ergo, quién puede declarar demente a un juez, a quien su tarada ideología impide discernir y decidir con equidad.
Cuando ha habido algún caso en que una revista humorística se ha visto sentada en el banquillo y condenada por dibujar a los herederos de la Corona procreando, se supone que, aunque por sí sola no siente jurisprudencia, es una línea clara de juicio de valor respecto a determinadas acciones que pueden ser al menos irrespetuosas con dicha institución.
El ampararse en la independencia judicial y en que no hay jurisprudencia al respecto, y por ello ese juez puede imprimir su sello ideológico en la denuncia que nos ocupa, y dar una nueva línea de juicio de valor que se da de bofetadas con la anterior, es muy parecido a la figura delictiva de la prevaricación: dictar una resolución a sabiendas de su injusticia; pero al fin y al cabo, no se trata de un hecho aislado.