Fiscalía y Abogacía del Estado descartan, de momento, actuar contra II

L D (Agencias) No obstante, la Fiscalía estudiará en los próximos días la denuncia presentada este lunes contra Sastre por el colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias, que considera que el dramaturgo incurrió en delitos de amenazas y de colaboración con ETA por el contenido de un artículo de opinión publicado en el diario Gara  en el que augura que habrá "tiempos de de mucho dolor en lugar de la paz", si no se abre una negociación.

Fuentes del Ministerio Público señalaron a Europa Press que este escrito expone razones similares a las que ya fueron incluidas como pruebas contra Sastre en la demanda de impugnación de la lista de II-SP, y que fueron aceptadas por el Tribunal Supremo.

Insistieron, no obstante en que, aunque no los comparta, el Ministerio Público debe respetar los argumentos expuestos posteriormente por el Tribunal Constitucional en la sentencia que rehabilitó la lista de II-SP permitiendo su presencia en los comicios europeos del pasado 7-J.

Dificultades para ilegalizar

Por otra parte, fuentes del Ministerio de Justicia señalaron la dificultad de promover desde la Abogacía del Estado una demanda de ilegalización específica ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo contra II debido a que se trata de una candidatura creada para concurrir exclusivamente a las elecciones europeas y no de un partido.

 Además, Sastre no pertenece a ninguna de las formaciones que integraron la coalición (comuner@s e Izquierda Castellana), lo que pone trabas a  que se pueda perseguir a estas formaciones por las actitudes del que fuera el cabeza de la lista en la que ambas concurrieron conjuntamente.

En su impugnación ante el TS de la lista de II, la Fiscalía incluía informes Policiales sobre la presunta la vinculación de los números 1 (Sastre), 2 (Doris Benegas) y 5 (Ängeles Maestro) con el entorno de Batasuna-ETA.

Ante ello, el Tribunal Constitucional incidió en su sentencia  en que "sólo son acreditativos de una inclinación ideológica que en absoluto puede merecer censura en nuestro régimen constitucional democrático, por más que eventualmente pueda ser compartida por quienes pretenden hacerla valer por medio de la violencia".

Resaltaba también que, a diferencia de lo sucedido con otras candidaturas anuladas desde la entrada en vigor de la Ley de Partidos Políticos, "en este caso no existen elementos que acrediten la existencia de vínculos de orden financiero o de apoyo material entre ETA y el partido ilegalizado Batasuna y la coalición aquí recurrente".