(Libertad Digital) Fernández Díaz, a través de un comunicado, ha recordado que el diario Avui, con un 20 por ciento en manos de la Generalidad, "acumula multimillonarias deudas con Hacienda y con la Seguridad Social". Según Fernández, el CAC también debería garantizar el "pluralismo" en los medios de comunicación públicos catalanes como Catalunya Radio o TV3.
Durante 2005, el Gobierno autonómico que preside Maragall favoreció en materia de subvenciones a los grupos mediáticos considerados "amigos". Según adelantó la COPE este viernes, el más beneficiado fue el grupo Godó, que controla La Vanguardia, parte del diario Avui y las emisoras RAC. Recibió más de un millón y medio de euros. El Grupo Zeta, editor de El Periódico, consiguió cerca de 600.000 euros mientras que El País fue subvencionado con unos 123.000 euros.
Este viernes, coincidiendo con la noticia difundida por la COPE, la Junta Directiva de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) expresó su "enorme preocupación" por las potestades otorgadas por el Parlamento de Cataluña al CAC, tanto por las interferencias que pueden resultar de las mismas en la buena gestión y seguridad de las empresas audiovisuales, como por la minoración de las garantías de las libertades básicas de comunicación e información consagradas en el artículo 20 de la Constitución.
En su primera reunión de este año, la junta directiva de UTECA analizó los informes que había solicitado a sus órganos técnicos sobre la ley autonómica que regula este órgano. Aunque defendió la necesidad de una autoridad reguladora del audiovisual en España como en otros países europeos, UTECA se manifestó en un comunicado "terminantemente en contra" de que los diferentes consejos reguladores que se establezcan tengan competencias superpuestas y acumuladas para intervenir todos o cualquiera de ellos en el control de las emisiones de empresas que, como las agrupadas en UTECA, tienen un ámbito estatal de emisión y sólo han de ser sometidas a la supervisión y control de la comisión o consejo que va a establecerse con competencias a escala nacional. A su juicio, esta situación sería "insólita en Europa y gravemente perturbadora del funcionamiento del sector".
