L D (EFE) El abogado de la Asociación, Eudaldo Vendrell, explicó en conferencia de prensa que el objetivo de la solicitud de apertura de diligencias penales a través de la denuncia es "sobre todo y principalmente investigar y aclarar los hechos" que causaron el accidente en el que fallecieron 62 militares españoles, y añadió que "esta vía no tiene una pretensión indemnizatoria". "Vamos a pedirle al juez que, con nuestra información y la que él obtenga en estas diligencias, investigue si ha habido algún delito, alguna falta, alguna negligencia u omisión grave que pueda suponer la imputación de responsabilidades a alguien", aclaró Vendrell.
"No se trata de querellarse criminalmente, sino de investigar por la vía penal qué ha sucedido, y puede llevar al resultado de que se imputen responsabilidades o no, pero será la Justicia quien aclare estas circunstancias". Vendrell añadió que las investigaciones determinarán si "podría existir alguna actuación de alguien, posiblemente vinculado con el Ministerio de Defensa o con las administraciones que hayan intervenido, que pudiese ser constitutiva de una infracción penal".
Por otra parte, la Asociación reclamará al Ministerio de Defensa las compensaciones económicas resultantes del daño que han sufrido los familiares de los fallecidos en el accidente porque "entendemos que existe una responsabilidad objetiva de la Administración ya que fue ella quien tomó la decisión de que estas personas tomasen ese vuelo que ella contrató". El procedimiento a seguir en este caso será la presentación de una reclamación previa al Ministerio de Defensa donde se especifique la cuantía a percibir y, si la reclamación se denegara o el ministerio no contestara en el plazo de tres meses, se tramitaría una demanda contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional.
"No se trata de querellarse criminalmente, sino de investigar por la vía penal qué ha sucedido, y puede llevar al resultado de que se imputen responsabilidades o no, pero será la Justicia quien aclare estas circunstancias". Vendrell añadió que las investigaciones determinarán si "podría existir alguna actuación de alguien, posiblemente vinculado con el Ministerio de Defensa o con las administraciones que hayan intervenido, que pudiese ser constitutiva de una infracción penal".
Por otra parte, la Asociación reclamará al Ministerio de Defensa las compensaciones económicas resultantes del daño que han sufrido los familiares de los fallecidos en el accidente porque "entendemos que existe una responsabilidad objetiva de la Administración ya que fue ella quien tomó la decisión de que estas personas tomasen ese vuelo que ella contrató". El procedimiento a seguir en este caso será la presentación de una reclamación previa al Ministerio de Defensa donde se especifique la cuantía a percibir y, si la reclamación se denegara o el ministerio no contestara en el plazo de tres meses, se tramitaría una demanda contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional.