L D (Agencias) La Fundación FAES señala que "esa Constitución catalana –Estatuto, se llama– pretende contemplarlo todo, que nada escape a su dominio", y considera que el texto catalán es una "anomalía constitucional en la historia europea". Así se recoge en una nueva edición de "Papeles FAES" denominada "Cataluña, según el proyecto de Estatuto: una nación tridimensional", que ha elaborado el abogado Jorge Trías Sagnier, que cree que España afronta un "nuevo e inédito período constituyente que nos puede llevar a cualquier parte".
El autor recuerda que el proyecto otorga a la Generalitat la competencia exclusiva "sobre casi todo", incluido "el tiempo libre" y el régimen jurídico de las entidades, públicas o privadas, que tengan por finalidad el ejercicio de este tipo de actividades. "Ni siquiera en la época de Mao y de la Revolución Cultural, cuando todos los chinos hacían gimnasia a la vez, se atrevieron a tanto", remacha.
Asimismo, Trias Sagnier afirma que la "ambigüedad" de su redacción "hace que invada todas las competencias exclusivas del Estado, es decir las del artículo 149.1 de la Constitución".
Por este motivo "inventa una Comisión Bilateral Generalitat-Estado, que constituye el marco general y permanente de esa relación", destaca la Fundación, que agrega que "hay 32 competencias que son exclusivas del Estado, según la Constitución, que son invadidas, una a una, por el proyecto de Estatuto". "Pero eso no es lo más grave –continúa–. Las condiciones de acceso a la carrera judicial o fiscal serán distintas para quienes tengan la nacionalidad catalana o española, ya que se exige a quienes pretendan ejercer como jueces o fiscales en los territorios de Cataluña el conocimiento suficiente de la lengua catalana. Lo mismo ocurre con notarios, registradores o cualquier funcionario".
Por este motivo "inventa una Comisión Bilateral Generalitat-Estado, que constituye el marco general y permanente de esa relación", destaca la Fundación, que agrega que "hay 32 competencias que son exclusivas del Estado, según la Constitución, que son invadidas, una a una, por el proyecto de Estatuto". "Pero eso no es lo más grave –continúa–. Las condiciones de acceso a la carrera judicial o fiscal serán distintas para quienes tengan la nacionalidad catalana o española, ya que se exige a quienes pretendan ejercer como jueces o fiscales en los territorios de Cataluña el conocimiento suficiente de la lengua catalana. Lo mismo ocurre con notarios, registradores o cualquier funcionario".
Educación de una dictadura socialista
En lo que concierne a la competencia de Educación, el autor del estudio publicado por FAES establece que este capítulo en el que "quizás el Estatuto se distancia más de la Constitución y leyes orgánicas que desarrollan materias educativas", dado que impulsa "un modelo intervencionista más propio de dictaduras socialistas que de sociedades libres".
"Se comprende que Batasuna o Esquerra Republicana de Catalunya estén tan satisfechas. Pero se comprende menos la satisfacción de algún colectivo católico, pese a las correcciones introducidas en el texto gracias, según dicen, a su intervención, puesto que no han cambiado nada sustancial. Y todavía menos se entiende que los católicos catalanes no hayan dado una batalla frontal contra la legalización del aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual y la regulación de otras formas de convivencia", añade. Y es que, según Trias Sagnier, el proyecto estatutario legaliza el aborto y el "asesinato piadoso" mediante "la perversión del lenguaje", al tiempo que "constituye la puerta legal para la futura ampliación del matrimonio a uniones poligámicas como las que autoriza la religión islámica".
En el citado documento se alude también a la competencia exclusiva del Estado en materia de "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo": "Al señalar que Cataluña es una nación, todas esas competencias fundamentales atribuidas hasta ahora al Estado se asumen por la Generalidad con naturalidad", señala. "Pero la Generalidad extiende su larga y poderosa mano, también, a otros territorios. Sostiene, nada menos, que España es un Estado plurinacional. Y define Arán -el valle donde tantos españoles esquían- como una realidad nacional occitana. Establece cómo deben ser las relaciones de la Generalidad con los territorios con vínculos históricos, lingüísticos y culturales con Cataluña y regula las Comunidades catalanas en el exterior", apunta.
Imperialismo medieval
En este contexto, asevera que el Estatuto destina "una especie de añoranza por un imperialismo medieval perdido" recuperado literariamente "en el sueño romántico y wagneriano de la segunda mitad del XIX", y que ahora, "tras una lectura sesgada de la obra de su abuelo y el olvido de las raíces socialistas e internacionalistas de su padre, Maragall actualiza con eso del sueño catalán", estima.
A continuación, el jurista agrega que el proyecto, al convertir a Cataluña en una nación, otorga a la Generalitat la competencia exclusiva de la expedición de documentación oficial, "incluyendo el pasaporte y los documentos de identidad". "En materia de inmigración se va mucho más lejos –prosigue–, ya que la Generalitat asumirá la competencia incluso en la selección de la raza. El insólito artículo 138.3 dice 'en el marco de la comisión bilateral Generalitat-Estado, deben establecerse el número, el lugar de origen y la capacitación profesional del cupo de personas inmigrantes con destino a Catalunya".
En relaciones internacionales, Trias Sagnier destaca que la acción exterior de España quedará "yugulada" por la de la Generalidad. Saca a colación, además, que según el proyecto el Gobierno del Estado deberá informar al catalán de las iniciativas de revisión de todos los tratados de la UE, "siendo determinantes sus observaciones en competencias exclusivas". "Para dejarlo todo atado y bien atado, la Generalidad establecerá una delegación ante la UE con un estatuto asimilado al del personal de las representaciones del Estado y, como broche de oro, el territorio de Cataluña, sólo o acompañado de otros, será la circunscripción única en las elecciones al Parlamento europeo –aduce–. Por lo que respecta al resto del mundo, recordemos que la Generalidad tiene el deber de impulsar la acción de Cataluña en el exterior y promover sus intereses en este ámbito".
Añade que, en su opinión, la entrada en vigor de la propuesta estatutaria afectaría además a la defensa nacional y seguridad de España, ya que el artículo 51 del Estatuto habla del deber de la Generalidad de "promover la cultura de la paz y acciones de fomento de la paz en el mundo". "Si el Parlamento de Cataluña decidiese una política exterior distinta a la del Estado, ¿por qué iba a contribuir Cataluña a unos gastos militares con los que podría no estar de acuerdo?", se pregunta.
Justicia "intervenida"
En su informe también advierte de que el Estatuto presenta un modelo de Justicia "intervenida" para Cataluña que es "susceptible de corrupción", que deja al Tribunal Supremo "una parte" de unificación de doctrina y que vulnera "todos" los principios constitucionales de la Justicia. "La legislación mercantil, penal y penitenciaria, así como la procesal, también es azotada por el Estatuto de Cataluña --manifiesta--. La legislación laboral se pone patas arriba".
Tras denunciar también el "intervencionismo" del proyecto en materia económica, recalca que desde Cataluña se intenta imponer "una constitución ciclotímica" y una organización estatal nueva en el mundo, "la nación tridimensional". "Es un completo disparate constitucional, la técnica jurídica es disparatada y los principios de las doctrinas políticas modernas y progresivas son destruidos". "El Estatuto rompe con el modelo constitucional del 78, declara la independencia por la puerta de atrás y, sin preguntar, impone un modelo al resto de España. Estamos frente a un nuevo e inédito periodo constituyente que nos puede llevar a cualquier parte", concluye.
La publicación de este artículo no es la única actividad que FAES dedica a analizar el Estatuto: El próximo viernes José María Aznar y Mariano Rajoy darán cuenta, junto a varios expertos en la materia, de las posibles consecuencias económicas de la aprobación del proyecto.