ETA robó un coche en diciembre de 2002 en la misma calle de Avilés donde Trashorras tiene su garaje

(Libertad Digital) En julio de 2001, la Policía Nacional detuvo a 23 personas en una operación contra el tráfico de drogas denominada "Pipol". Los agentes se incautaron, además de hachís, de 16 cartuchos de Goma 2 ECO y 94 detonadores. Entre los detenidos estaban Emilio Suárez Trashorras (convertido en confidente, según se ha sabido más tarde), Carlos Toro Castro (su cuñado y posteriormente también confidente policial) y un santanderino afincado en Castrillón y que respondía a las siglas J.I.F.D. y al alias de "Nayo".

 

Aunque parezca mentira, casi tres años después las diligencias del caso se siguen instruyendo en el Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón. El sumario sigue abierto y ya acumula doce volúmenes con más de un millar de folios. Algunos de los detenidos en la operación como Trashorras y Castro Toro se convertirían, no se conoce la fecha exacta, en confidentes del inspector jefe de Avilés, Manuel García Rodríguez, según desveló El Mundo.

 

El tal "Nayo", que había sido compinche de Trashorras en otros asuntos, intentó llegar a un acuerdo con la Policía informado sobre unos explosivos que se encontraban escondidos en un monte cercano a Avilés. Su abogado le convenció para que no lo hiciera.

 

Según cuenta este jueves La Nueva España, la información no pasó desapercibida para el abogado madrileño, Carlos Alberto Tejeda, que intentó hacer un trato con la fiscalía de Asturias para que rebajara las penas a dos de sus clientes también detenidos en la operación "Pipol". Los datos de "Nayo" parecían jugosos. Trashorras escondía 500 kilos de dinamita en la zona de Illas. Justo la cantidad que a finales de febrero de 2004 se incautó a ETA en la furgoneta detenida en Cuenca. Sin embargo, según Tejeda, "los agentes contestaron que no iban a registran una montaña". El letrado no consiguió que el fiscal antidroga, José Luis Rebollo, aceptara el trato y sus dos clientes fueron condenados. "Nayo", por su parte, está desaparecido y algunas fuentes citadas por La Nueva España dicen que está escondido en Sudamérica.

 

Pese a que el trato no fructificó, Tejeda decidió reunirse en diciembre de 2002 con el fiscal jefe de Asturias, Rafael Valero Oltra, para ponerle sobre aviso de la situación. "Si informamos al fiscal fue porque sabíamos que la dinamita del zulo de Avilés iba a venderse a ETA, y eso era un asunto muy serio", ha explicado Tejeda al diario astur.

 

El titular del juzgado que lleva el caso, el juez Juan Laborda Cobo, explicó en marzo de 2004 a El Comercio que la procedencia de los explosivos incautados en la operación "Pipol" no fue investigada "porque el hecho delictivo se limitaba a la tenencia de esos explosivos". Por eso, la actuación policial y judicial respecto a los explosivos se redujo a un informe pericial de los TEDAX y a destruir, en noviembre de 2001, la Goma2 ECO incautada para evitar un accidente. Según informó el diario ABC, el no investigar su procedencia causó malentendidos y cierto malestar entre la Policía y la Guardia Civil, ya que es la Benemérita la que tenía las atribuciones sobre los explosivos. Al parecer, hubo un problema de "falta de comunicación" entre ambos cuerpos.