ETA-Batasuna vuelve a exigir que se derogue la Ley de Partidos y cesen las detenciones
La negociación del Gobierno con la ETA comienza como un diálogo de sordos. Los terroristas no se arrepienten y su apéndice político, Batasuna-ETA, no acata la Ley. Al otro lado, PSOE y Gobierno, como si oyeran llover, invocan la paz y la Constitución. Uno de los portavoces de ETA-Batasuna, Pernando Barrena, ha asegurado este viernes que "no hay solución alternativa alguna a la derogación de la Ley de Partidos para la legalización" de esta formación. También ha vuelto a pedir al Partido Socialista que "resuelva" el asunto, y a reprochar al Ejecutivo que prosigan las actuaciones policiales y judiciales contra ETA y su entorno.
L D (EFE) El portavoz de Batasuna-ETA ha insistido en que "no hay seguridad jurídica para ninguna expresión política mientras la Ley de Partidos esté en vigor". Además ha querido transmitir que "no nos consta" que haya compromisos entre ETA y el Gobierno y ha dicho que un cambio hacia un nuevo marco político en Euskadi debería contar con "mayorías cualificadas" por ser el país "muy plural" y con "visiones diferentes, que deben ser respetadas".
Además, ha insistido en el discurso de "la paz", adoptado por el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero y por Arnaldo Otegi para decir que hay "más motivos que nunca para seguir apostando por un escenario de paz" y volvió a destacar "el gran calado político" de la declaración de Zapatero en relación al "respeto de la decisión de los vascos", que constituye, dijo, "la piedra angular para solucionar el conflicto".
Barrena ha advertido que "se están creando las condiciones para pasar un página importante en la historia de este país", y se ha referido al terrorismo como "la de la confrontación violenta". Además no tuvo empacho en decir que sería "un paso de gigante" lograr un acuerdo en torno al derecho a decidir de los vascos.
También ha tenido teimpo Pernando Barrena para censurar la actuación del Gobierno tras el alto el fuego de ETA porque, dice "hay actuaciones judiciales y policiales" que "no contribuyen" a que el proceso "llegue a buen puerto" y ha señalado que "el coste" de este tipo de operaciones en materia de descrédito entre los agentes implicados "cabe imputarlo al debe del Gobierno español".
A su juicio, actuaciones como la detención del director del Diario de Noticias, Pablo Muñoz, se enmarcan en un "ataque que pretende silenciar las voces molestas" que "no hacen el coro a la versión oficial de lo que ocurre".
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