Cronología del Estatut

La reforma estatutaria se puso en marcha tras las elecciones de noviembre de 2003, que dieron lugar a la firma del pacto del Tinell entre el PSC, ERC e ICV-EUiA, que incluía el compromiso de reformar el Estatuto, y la formación de un gobierno presidido por el socialista Pasqual Maragall. La reforma de la norma catalana era el requisito que exigieron los nacionalistas para que Cataluña tuviera un Ejecutivo presidido por los socialistas. Fue una moneda de cambio cuyo coste ha pagado al totalidad de España.

Desde que la ley comenzó a elaborarse a finales de 2003, el proyecto ha estado marcado por la polémica debido a que su constitucionalidad se puso en entredicho desde el primer día. La definición de Cataluña como "nación" o a la creación de un régimen fiscal específico hicieron saltar todas las alarmas, ya que los principios de solidaridad e igualdad que promulga la Carta Magna podían verse dañados con el nuevo Estatuto.

Con la finalidad de reformar el Estatuto de Sau, hasta entonces vigente, el 9 de febrero de 2004 se constituyó la ponencia que elaboró el primer borrador oficial del texto. Tras diecinueve meses de discusiones parlamentarias, el 30 de septiembre de 2005 el Parlamento aprobó el proyecto del nuevo Estatuto con los votos de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA y el rechazo del PPC, lo que supuso un respaldo de casi el 90 por ciento de la Cámara catalana.

Su tramitación en las Cortes se inició el 2 de noviembre cuando el Pleno del Congreso aprobó su toma en consideración con el apoyo de todos los partidos excepto el PP, que ese mismo día presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional por tramitar el texto como reforma estatutaria y no constitucional. Sin embargo, en marzo de 2006 el Tribunal acordó la no admisión a trámite de este recurso. El vicepresidente del Tribunal, Guillermo Jiménez, y los magistrados Javier Delgado, Roberto García-Calvo, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas emitieron votos discrepantes individuales a esta decisión, cuyo punto en común fue que la demanda del PP no carece de contenido constitucional, como resolvió la mayoría. Esta primera fractura ha sido la tónica habitual en el Alto Tribunal desde que comenzó a analizarse el asunto.

El 21 de enero de 2006 el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de CiU, Artur Mas, se reunieron en secreto en La Moncloa y pactaron las grandes líneas en materia de definición de Cataluña, financiación y competencias.

Este "pacto global" fue aceptado por ICV-EU, pero no por ERC, que desde el primer momento se posicionó en contra del texto surgido de ese acuerdo y defendió el texto aprobado por el Parlamento catalán.

Por otra parte, el PP mostró su oposición al texto y comenzó una campaña de recogida de firmas para pedir la convocatoria de un referéndum sobre el estatuto catalán a nivel nacional. Los populares consiguieron reunir cuatro millones de firma aproximadamente. Sin embargo, esta medida no fue suficiente y la proposición fue rechazada por el Congreso el 16 de mayo. La tramitación en el Congreso continuó con la constitución de una comisión encargada de elaborar un dictamen y su posterior discusión en la Comisión Constitucional.

El 21 de marzo la Comisión, junto a una delegación de parlamentarios catalanes, aprobó un texto en el que se introdujeron cambios significativos sobre lo aprobado por el Parlamento autonómico en septiembre de 2005. Las principales modificaciones se produjeron en materia de financiación, competencias, poder judicial, derechos y deberes, y en la definición de Cataluña. Respecto a este último apartado, se suprimió el término "nación" del artículo 1 para reproducir en el articulado una definición de Cataluña idéntica a la del estatuto de 1979 y para recordar en el preámbulo que el Parlamento catalán definió a esa comunidad como "nación".

El 30 de marzo de 2006 el Pleno del Congreso aprobó la reforma del Estatuto con 189 votos a favor (PSOE, CIU, PNV, IU-ICV, CC-NC y BNG), 154 en contra (PP, ERC y EA) y dos abstenciones (CHA y Nafarroa-Bai). Mientras que el PP se opuso por considerar el texto inconstitucional, ERC votó "no" por creer que el documento era "exiguo" en comparación con la propuesta original del Parlamento catalán.

Las Cortes Generales dieron luz verde definitiva al nuevo Estatuto de Autonomía, el 10 de mayo cuando el Pleno del Senado lo aprobó sin introducir cambios. Finalmente, el nuevo Estatuto fue aprobado en referéndum el 18 de junio de 2006, con el aval del 73,90% de los ciudadanos.