Escándalo urbanístico en el pueblo del presidente de la FAMP que plantó cara a Griñán

Ahora se ha sabido, ¿casualmente? que un grupo de arquitectos amparado por Toscano puede haber utilizado información privilegiada obtenida por sus contratos con el Ayuntamiento para lucrarse a través de empresas externas de las que eran socios. Por cierto que algunos de ellos, simultáneamente, eran arquitectos municipales de otros Ayuntamientos de Sevilla: toda una red de irregularidades.

Fue el Colegio de Arquitectos de Sevilla el que desarrolló la investigación el año pasado e inhabilitó a cuatro arquitectos: Joaquín Pino, Daniel Fernando Conesa, Antonio Cano y Rafael López. La decisión está pendiente de recurso. De esto nada se había sabido hasta que Toscano se opuso a Griñán en las leyes locales hace unos días. La gravedad de los hechos puede poner patas arriba toda la gestión de Toscano al frente del Ayuntamiento de Dos Hermanas desde 1983.

Los hechos tienen una larga trayectoria puesto que vienen nada menos de 1984. Es decir, todo el desarrollo urbanístico de Dos Hermanas, una ciudad que supera los 100.000 habitantes podría verse afectado por esta investigación. Fue en 1984 cuando el Ayuntamiento de Dos Hermanas contrató a Joaquín Pino como arquitecto, pero el contrato fue subrogado a la sociedad Urbamunda SLP, en la que participa Pino. Dice ABC que "desde entonces, se le presume al arquitecto Joaquín Pino, «incompatibilidad legal» al tener acceso a información «privilegiada» que obtenía directamente por su vinculación contractual con el Consistorio nazareno al tiempo que ofrecía un servicio a particulares en el municipio." Esta situación ha durado, pues, 26 años y por ello, ha afectado a casi todo los planeamientos urbanísticos del equipo socialista de Quico Toscano (135 actuaciones dentro del término municipal).

Teniendo noticia de ello el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) impuso hace seis meses una sanción disciplinaria al colegiado Pino inhabilitándolo del ejercicio profesional por un plazo de dos años y un día. Según el Colegio, no se respetaba la norma sobre incompatibilidades. Pero la sanción se extiende no sólo a Urbamunda, sino a otros tres arquitectos, Antonio Cano, Daniel Fernando Conesa y Rafael López, que figuran como socios de Pino a través de la sociedad DHEN-6 S.L que han ayudado a Pino en sus andanzas. La sanción ha sido la suspensión del ejercicio profesional de un año y seis meses.

Aunque Joaquín Pino ha negado que desempeñara la labor de «arquitecto municipal», a través de la sociedad DHEN-6 «y junto a los otros denunciados», ha desarrollado varios planes urbanísticos, caso del Plan Parcial SEN-1 Entrenúcleos, Plan Parcial Sector SNP-1 «Camino Encerradero», Plan Parcial Sector SNP-18 Ibarburu, Plan Parcial Sector SEN-2 Lugar Nuevo, Plan Parcial y Sector SEN-1 Hipódromo, entre otros. «El desempeño de estos trabajos —apunta la resolución del Colegio Oficial de Arquitectos— compromete su imparcialidad o independencia».

Hay otra sociedad, La Mina Arquitectos S.L.P. —otra entidad donde figuran como socios Daniel Conesa y Rafael López— que asimismo interviene en los trabajos valorados previamente por la empresa de Pino. Según el Colegio, no resulta necesario demostrar «la obtención de trabajos de forma irregular, la competencia desleal o un aprovechamiento de una supuesta situación de ventaja» respecto a los demás arquitectos ya que «éstas son consecuencia directa de realizar trabajos en situación de incompatibilidad y por tanto, en perjuicio de otros compañeros que no podían competir con esa situación de privilegio».

Una de las sociedades del arquitecto Joaquín Pino, ejecutó proyectos de más de 2.000 viviendas en el término municipal de Dos Hermanas. Se trata de la entidad, Dhen-6 S.L.P., integrada además por los arquitectos Antonio Cano, Rafael López y Daniel Conesa. A la sociedad, sigue ABC, se le atribuye otros grandes proyectos otorgados por el Consistorio nazareno tan destacados en Dos Hermanas como el Tanatorio Municipal, la Comisaría Conjunta de Policía, el Mercado de Abastos, la piscina cubierta en Montequinto y el Depósito de Tormenta. Se suma a la lista el proyecto básico de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de la Universidad de Sevilla —que prevé instalarse en la zona Entrenúcleos— y el de ejecución del último centro de salud «Montequinto 2». En materia educacional, disponen igualmente de una veintena de proyectos de colegios, reformas y ampliaciones tanto en el casco urbano de Dos Hermanas como en Montequinto. También el Gobierno autonómico adjudicó a Urbamunda S.L.P. —otra sociedad donde figura Pino como asociado—, bajo concurso y en tramitación urgente, la consultoría y asistencia por dirección y coordinación de las obras de ampliación y reforma (primera y segunda fase) del Palacio de Justicia de Dos Hermanas por 166.598 euros.

Por cierto firmó la resolución a 3 de septiembre de 2003, el entonces secretario general técnico de la Consejería de Justicia y Administración Pública, el hermano del alcalde de Dos Hermanas, Carlos Toscano Sánchez. El proyecto no disponía del preceptivo visado colegial, según advirtieron desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla que ponía de manifiesto la «falta continuada» de Pino por no presentar a visado proyectos encargados por administraciones diferentes al Ayuntamiento de Dos Hermanas.

El PP estudia ir a los Tribunales para aclarar lo que ha hecho esta "trama mafiosa"

El PP de Dos Hermanas anunció que estudia llevar a los tribunales los «tratos de favor» otorgados a los cuatro arquitectos que el Colegio de Arquitectos de Sevilla (COAS) sancionó el pasado año por tener acceso a información privilegiada que obtenían por su vinculación contractual con el Ayuntamiento de Dos Hermanas y que luego era usada por sociedades a las que pertenecían. El presidente del PP en Dos Hermanas, Manuel Alcocer, que tildó de «gravísima» la resolución del COAS y anunció así que tomarán «todo tipo de medidas, incluso judiciales» una vez que «los técnicos de Diputación valoren las acciones a emprender».

Según el PP, los «contratos de favor» dieron a los arquitectos amonestados el 80 por ciento de todos los proyectos urbanísticos desarrollados en Dos Hermanas. «Queremos saber cómo es posible que sólo cuatro personas, solas o a través de empresas, hayan podido realizar ese porcentaje en los últimos 27 años», señaló Alcocer. Entiende que, «ante esta trama urbanística mafiosa», el equipo de Gobierno, que lidera el socialista Francisco Toscano, «no solo deberá facilitar toda la documentación que oficialmente se le requiera» al respecto sino que «tendrá que responder a cuantas preguntas se realicen».

El PP se hace una pregunta bien pertinente: ¿ por qué el Consistorio nazareno contrató al arquitecto Joaquín Pino -al que el COAS impuso una suspensión en el ejercicio profesional de un año y seis meses- cuando dispone de «siete arquitectos en nómina» para desarrollar cualquier actividad de planeamiento o dirección de obra? Y añade que se tiene que justificar especialmente por qué de 84 arquitectos con domicilio en Dos Hermanas, sólo han tenido acceso al trabajo municipal los cuatro de siempre».

Sin embargo, el grupo de Gobierno local agradeció a Pino su «magnífica labor profesional», contravino además el fallo del COAS y aseguró que el equipo de Gobierno ve «compatible» la actuación del arquitecto Joaquín Pino, al mando del Ayuntamiento desde marzo de 1984 hasta el pasado verano cuando rompió su contrato a raíz del dictamen del COAS, al entender que existen «otros informes» que avalan esa concurrencia.