Aunque en hasta dos ocasiones el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se había negado a citar al responsable director de la investigación y autor principal del informe incriminatorio en el caso del chivatazo a ETA, Carlos G., esta vez el magistrado sólo ha tardado unas horas en proceder a su llamamiento. En el camino quedan dos resoluciones donde el instructor rechazaba la petición de la acusación particular ejercida por las asociaciones de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
Este lunes la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenaba a Garzón a reactivar la investigación del presunto chivatazo a la red de extorsión etarra “sin que ello suponga que la Sala reinstruya la causa”. A priori la decisión obliga al instructor a practicar unas diligencias que de momento se había negado a llevar a cabo. Sin embargo, la letra pequeña es que el juez ya no tiene vía libre para archivar las diligencias tal y como pidió el fiscal.
En el auto, del que ha sido ponente el magistrado Enrique López, también se dejan entrever críticas contra Garzón. Reza el documento judicial que “los propios derechos constitucionales obligan a no alargar innecesariamente la fase sumarial en perjuicio de los querellados”. Garzón ha tenido casi tres años “guardado” en los cajones de su juzgado el caso. Unos hechos que según la Sala de lo Penal de este tribunal “adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España”.
Además, la Sala da un tirón de orejas tanto al juez como al fiscal. Critica que ambas partes no hayan sido capaces de abrir una línea de investigación en este procedimiento. “Esta otra dirección, donde se descarta a los hasta ahora imputados, no ha sido objeto de análisis ni investigación, ni por parte del Ministerio fiscal, ni por parte de la Policía Judicial, ni por parte del juez instructor; lo cual debiera cuando menos ser tenido en cuenta”, subraya el auto.
“La investigación de ciertos delitos puede requerir la práctica de un elevado número de diligencias que alcancen a un amplio círculo de personas (...). Creemos que éste es un caso que requiere este especial celo, que a su vez también podría merecer la apertura de otras nuevas líneas de investigación”, añade la Sala.
Una providencia "express"
El juez Baltasar Garzón se ha dado ahora una prisa desmedida a la hora de citar a los tres miembros de la Policía que declararán mañana en la Audiencia Nacional. La providencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, contiene la misma fecha, el 15 de febrero, que el auto de la Sala de lo Penal donde se obliga al juez a investigar “a fondo” el chivatazo.
Según han señalado fuentes jurídicas a este periódico, esta maniobra puede entenderse como un interés personal del juez a la hora de controlar un caso tan delicado y que podría salpicar el mismísimo Ministerio del Interior, y por ende, al Gobierno socialista. De nuevo, no hay que perder de vista que este interés va acompañado de la difícil situación procesal que atraviesa Garzón, imputado por prevaricación en dos causas ante el Tribunal Supremo.
El que fuera diputado del PSOE, y número dos de Felipe Gonzáles, no es la primera vez que instruye un caso que salpicaría directamente al Ejecutivo. Pero hay un ejemplo que podría ilustras las dudas sobre la idoneidad de Garzón en este caso. Se trata del caso “Marey” donde el juez de la Audiencia Nacional instruyó la causa donde se vio directamente afectado el exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera.
El pasado mes de enero el Tribunal de Estrasburgo condenaba la actuación del magistrado. Según el tribunal europeo Garzón “no respondió a la exigencia de imparcialidad impuesta por el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”. De esta forma, dicho artículo, que defiende el derecho a un juicio justo y a un tribunal independiente e imparcial, se aplicó por primera vez a un juez instructor y no a un tribunal.
Un varapalo al juez estrella que algunos juristas ven como precedente para el caso del chivatazo: retrasos injustificados en la instrucción y, de nuevo, un asunto que salpica al Gobierno relacionado con terrorismo.
Ahora, su futuro más inmediato está en manos del Consejo General del Poder Judicial que le puede suspender de sus funciones sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Parece que Garzón cuenta con pocos simpatizantes en el gobierno de los jueces y, eso sí, con un gran amigo. Su abogado y vocal José Manuel Gómez Benítez, que según informó el diario El Mundo fue quien utilizó el chivatazo para defenderse de los etarras en plena negociación con la banda terrorista y el Gobierno de Zapatero. Benítez, amigo íntimo de Garzón, actuó a su vez de intermediario entre los criminales y el Ejecutivo.