L D (Europa Press) El diputado de CiU, Carles Campuzano, recordó durante el debate de la iniciativa que el catalanismo político en general y su formación en particular, "combatieron" durante el siglo pasado las ideas herederas del liberalismo de principios del XIX que inspiraron esa Carta Magna, en que la "los derechos colectivos de naciones como Cataluña no se veían reflejados". No obstante, admitió que La Pepa supuso "un avance" en el reconocimiento de los derechos de los individuos.
Además, Campuzano, quien se abstuvo en la votación del texto, hizo un llamamiento a la "prudencia" para evitar que esa celebración, como ha ocurrido con otras similares, se convierta en la "exaltación patriótica de una determinada concepción de España negadora de su carácter plurinacional".
En la misma línea se pronunció el portavoz del PNV en la Comisión Constitucional, Aitor Esteban, quien subrayó que el constitucionalismo español que nació en Cádiz supuso para los vascos "el comienzo de los problemas de encaje dentro del Estado", una cuestión que "sigue siendo problemática hoy en día". En este sentido, Esteban destacó que la Constitución de 1812 suprimió "todas las instituciones y el autogobierno vasco" y que, en lo referente a los derechos individuales, incluía aspectos que ya estaban recogidos en las leyes y normas que estaban en vigor en los territorios vascos, como reconocía, recordó el propio Agustín Argüelles.
El texto impulsado por PSOE y PP prevé la creación de una comisión nacional formada por el Gobierno, las Cortes, la Junta de Andalucía, los Ayuntamientos de Cádiz y San Fernando, la Diputación Provincial y la Universidad gaditanas, la sociedad Estatal de Conmemoraciones culturales y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. El Congreso también ha pedido crear un Comité de Honor del Bicentenario, presidido por los Reyes y un consorcio para llevar a cabo los eventos que se programen.
Aún no ha sido asumido por el Ejecutivo socialista
De hecho, el Gobierno ya está estudiando la puesta en marcha de la comisión encargada de coordinar los actos, según explica en una respuesta parlamentaria al diputado del PP, Jesús Andrés Mancha Cadenas. En su escrito, el Ejecutivo también aclara al diputado popular que el Convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno del PP y el Ayuntamiento de Cádiz el 5 de marzo de 2004, no ha podido ser asumido por el Gabinete socialista.
El Gobierno aduce que ese convenio se contrajo "sin haberse consignado en el presupuesto del Ministerio de la Presidencia, cantidad alguna destinada a sufragar el gasto comprometido", por lo que la Intervención Delegada de ese departamento lo "fiscalizó desfavorablemente". Dado que los compromisos asociados a la participación económica de la Administración General del Estado en el consorcio "carecen de validez", el consorcio no ha llegado a constituirse.
Además de la creación de los organismos ya señalados, está previsto que en la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en octubre en Salamanca se debata una propuesta española para que en 2012 este foro de jefes de Estado y de Gobierno organice su reunión anual en Cádiz, habida cuenta de que muchos de los diputados que aprobaron La Pepa encabezarían después los procesos de independencia en Latinoamérica.