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ERC asume también la propuesta de Luppi y pide un "cordón sanitario" que "aísle" al PP en Cataluña

Tras acercarse a la apología del terrorismo en su defensa del asesino De Juana Chaos, ERC vuelve a demostrar lo que entiende por democracia y respeto al poder judicial. Su portavoz en el Parlamento catalán, Joan Ridao, ha pedido a las fuerzas políticas catalanas que se le unan para "crear un cordón sanitario" que "aísle" al PP en Cataluña como represalia por la recusación del juez Pablo Pérez Tremps en el Constitucional. Dice que es "el ataque más grave al autogobierno catalán desde 1936" y llama al "atrincheramiento".

L D (Agencias) Ridao auguró "los peores designios para el Estatut de cara al futuro" si persiste la "politización impúdica de la justicia" que, en su opinión, refleja esta recusación, en la que "el TC actúa de correa de transmisión de la derecha española". Ante estos "ataques frontales" contra el Estatuto, Ridao pronosticó que "esta deberá ser la legislatura en la que debamos todos atrincherarnos contra los ataques al autogobierno catalán". "Todos los partidos catalanes deberíamos evitar complicidades con el PP y crear un cordón sanitario" en torno a los populares, afirmó Ridao, y reclamó específicamente a los líderes de CiU, Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida, que "aclaren si todavía tienen la puerta abierta a pactar con el PP" y les pidió que "reconsideren" su postura después de este último intento de evitar la aplicación del Estatuto.
 
CiU siguen en la notaría
 
En este sentido, el portavoz de CiU en el Parlamento catalán, Felip Puig, dijo en rueda de prensa que CiU "no ha retirado de la notaría la determinación de no tener ningún tipo de colaboración en la política catalana ni española con el PP mientras no rectifique radicalmente su actitud". Según él, el PP incluso está generando "más crispación" al utilizar el Estatuto como "desgaste" del PSOE. Puig advirtió de que los partidos "no deben pedir sustituciones de los árbitros", en referencia a la recusación de Pérez Tremps y a su posible sustitución si dimite. Para él, es un "grave error" que "ERC u otros partidos" pidan la sustitución, porque "imponer una visión política" a las decisiones del TC es "hacer el juego al PP de entrar a politizar el TC" y, además, se entra en el juego "ingenuo" de hablar de jueces "buenos y malos, conservadores y progresistas".
 
Aun así, CiU sigue defendiendo que el TC tenga "representantes de una sensibilidad centralizadora y de una visión más plurinacional", pero no una "adscripción partidista". "Defendemos un modelo, no un partido ni una adscripción ideológica", insistió. En cualquier caso, Puig subrayó que sólo Tremps es quien debe decidir si dimite.
 
El PP: que decida Tremps sin "presiones"
 
En una rueda de prensa posterior, Francesc Vendrell (PP) también defendió que sea Tremps quien decida si se va o se queda, y "sin presiones". Advirtió de que si el Gobierno central coacciona estaría haciendo un "atentado" a la división de poderes. En todo caso, consideró "honrados" a los miembros del TC en general y a Tremps en particular, aunque consideró a éste contaminado por haber hecho un informe sobre el Estatuto. Reivindicó el derecho a plantear la recusación de Tremps, pero también la obligación de acatar la decisión, y advirtió a otros partidos de que "patrimonializar" Cataluña y el Estatuto es "un peligro". El diputado popular también replicó a Puig por decir que sigue en la notaría y por sus críticas al PP: "Con quien tiene un concepto patrimonial de la verdad no interesa tener relaciones", porque "demonizan" en vez de estar "abiertos".
 
Por su parte, los socios de ERC en el Gobierno catalán instaron a Ridao a evitar expresiones como "cordón sanitario" o "aislamiento", aunque coincidieron con él en que "mientras el PP mantenga esta actitud ofensiva contra Cataluña no parece lógico mantener una relación de amistad con ellos", en palabras del portavoz del PSC, Miquel Iceta. Iceta señaló que "difícilmente se pueden tener políticas de colaboración" con el PP, al que acusó de ejecutar a través del TC "maniobras políticas para sacar provecho político". El portavoz de los socialistas catalanes destacó que "hoy el PP ha admitido que está intentando conseguir objetivos políticos mediante una 'grieta jurídica'", utilizando las palabras de la diputada del PP de Cataluña, Montserrat Nebrera.
 
El PSC sugiere
 
"Esta 'grieta jurídica' de la que habla Montserrat Nebrera obviamente tiene como objetivo acabar con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero", añadió Iceta, pero llamó a "no dar aún por perdida la batalla jurídica del Estatuto hasta que no haya una sentencia firme del TC" sobre los recursos de inconstitucionalidad del PP. En este sentido, aunque remarcó que dimitir es "una decisión personal" de Pérez Tremps, Iceta admitió que al PSC le "encantaría que se pudiera reestablecer el equilibrio de fuerzas" en el TC.
 
El portavoz de ICV-EUiA en el Parlament, Jaume Bosch, reclamó también a CiU que "se pronuncie con claridad" sobre posibles pactos con el PP, al considerar "incompatible este ataque frontal del PP al autogobierno catalán con pactos de CiU con los populares por ejemplo en el Ayuntamiento de Tarragona", señaló. Bosch reclamó "coherencia" a la federación nacionalista, entendiendo que "ha quedado en evidencia" al anunciar pactos con un partido que combate el Estatuto en el TC. Bosch consideró además "inadmisible" que dirigentes del PP estatal hayan hablado hoy de "fraude" para definir la posibilidad de que el Gobierno central sustituya al magistrado Pérez Tremps si éste dimite y consideró que tales opiniones les "inhabilitan como diputados". "Si existiese la recusación de diputados, habría motivos suficientes para recusar a Federico Trillo o a Eduardo Zaplana", apuntó.
 
El líder de C's, Albert Rivera, afirmó que recusar a un juez es un mecanismo lícito del Estado de derecho, y criticó que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, por decir hoy mismo que "lo normal" es que, si se produce una vacante en el TC, "se cubra igual que se ha hecho en otras ocasiones". De la Vega destacó que ésta es "una situación de normalidad" y que Tremps tomará una decisión "de forma autónoma". Rivera también consideró "desafortunadas" las declaraciones de ayer del presidente de la Generalidad, José Montilla, y afirmó que "no se puede hacer batalla política" de este asunto. Asimismo, dijo que el PP "no puede hacer bandera de esto". De hecho, consideró "incoherente" que el PP recurra artículos del Estatuto pero no recurra artículos similares del texto andaluz.

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