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El urbanismo, en manos de "técnicos de la Administración" en lugar de políticos

PP y PSOE ultiman los detalles de un pacto que busca evitar que sus cargos se corrompan. Entre otras cosas, la regulación sustituirá a los políticos por técnicos en las comisiones de urbanismo y la publicación de las retribuciones y bienes de los cargos autonómicos y municipales.

PP y PSOE ultiman los detalles de un pacto que busca evitar que sus cargos se corrompan. Entre otras cosas, la regulación sustituirá a los políticos por técnicos en las comisiones de urbanismo y la publicación de las retribuciones y bienes de los cargos autonómicos y municipales.

Ambos partidos pretenden que esta nueva regulación esté lista antes de que finalice el actual período de sesiones, y en última instancia antes de la convocatoria de las elecciones municipales de 2011, según informa El Mundo.

La inciativa del pacto partió del Partido Popular, concretamente desde su líder Mariano Rajoy, que desglosó públicamente su oferta en la reunión intermunicipal de su partido el pasado noviembre.

Desde entonces los populares Juan Manuel Moreno y Juan José Matarí, y Antonio Hernando y Pedro Sánchez por el PSOE han estado configurando este acuerdo, después de que Rajoy y Blanco dieran el visto bueno.

La "voluntad de acuerdo" está clara, pero aún no se ha determinado si las medidas acordadas se incluirán en una proposición no de ley como instrumento para el acuerdo, aún no se ha desartado por completo formalizar un Pacto Anticorrupción similar al Pacto Antitrasfugismo. Además, ambos partidos no descartan ampliar las medidas acordadas a la adminsitración autonómica y no sólo a la local.

Este es el decálogo básico que, según El Mundo, introduciría el pacto anti corrupción:

1. Colocar técnicos en las comisiones de urbanismo y a un empleado público de carrera en la presidencia de las mesas de contratación.

2. Asegurar la más amplia concurrencia para las adjudicaciones de contratos.

3. Garantizar la cobertura de todas las plazas por oposición y limitar la interinidad.

4. Prohibir a los cargos y empleados públicos la aceptación de regalos, salvo que respondan a "usos y costumbres sociales".

5. Compromiso de reintegrar a los municipios afectados los bienes incautados

6. Impedir que los cargos en prisión provisional ostenten responsabilidades ejecutivas.

7. No incluir en las listas electorales tránsfugas y que no tengan un "papel ejecutivo" tras la moción de censura.

8. Obligar a hacer públicas las retribuciones de bienen, y trasladar al Registro de Bienes los cambios patrimoniales o de actividades en "el plazo de dos meses".

9. Generalizar las auditorías externas en las corporaciones locales.

10. Limitar las incompatibilidades de los empleados públicos en términos limítrofes.

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