L D ( EFE ) Según la nota de Educación, el Ministerio envió un requerimiento al Departamento de Educación del Gobierno vasco solicitando la retirada de las instrucciones por entender que "se discriminaba a alumnos provenientes de otras comunidades autónomas".
El Ministerio de Educación manifiesta que estas instrucciones "vulneraban la Constitución española" y citó dos motivos para su retirada. El primer motivo era "la consideración en las citadas instrucciones de la existencia de un sistema educativo vasco propio y diferente del español, y la consiguiente y explícita consideración discriminatoria de alumno inmigrante a los alumnos provenientes de otras comunidades autónomas españolas".
El segundo motivo alegado por el Ministerio es "la imposibilidad de que un alumno proveniente de otras comunidades autónomas sea escolarizado en el modelo A, en el que las enseñanzas se imparten en castellano, negándose su derecho constitucional a la no discriminación por razón de la lengua". Ante la respuesta negativa del Gobierno vasco a su requerimiento el ministerio solicitó a la Abogacía del Estado que interpusiera un recurso contencioso-administrativo ante el TSJPV, que decretó la suspensión de la orden el pasado 29 de enero.
El Ministerio de Educación manifiesta que estas instrucciones "vulneraban la Constitución española" y citó dos motivos para su retirada. El primer motivo era "la consideración en las citadas instrucciones de la existencia de un sistema educativo vasco propio y diferente del español, y la consiguiente y explícita consideración discriminatoria de alumno inmigrante a los alumnos provenientes de otras comunidades autónomas españolas".
El segundo motivo alegado por el Ministerio es "la imposibilidad de que un alumno proveniente de otras comunidades autónomas sea escolarizado en el modelo A, en el que las enseñanzas se imparten en castellano, negándose su derecho constitucional a la no discriminación por razón de la lengua". Ante la respuesta negativa del Gobierno vasco a su requerimiento el ministerio solicitó a la Abogacía del Estado que interpusiera un recurso contencioso-administrativo ante el TSJPV, que decretó la suspensión de la orden el pasado 29 de enero.